El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes un real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales, centros residenciales y escuelas infantiles de 0 a 3 años, según adelanta El País y lo confirma Redacción Médica. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se aplicará a centros de titularidad pública y privada. También afectará a bibliotecas, universidades y museos públicos.
El texto prohíbe que hospitales y escuelas infantiles sirvan a niños y adolescentes alimentos muy grasos, azucarados o salados. Fija además umbrales máximos de calorías, grasas saturadas, azúcares y sales que, en la práctica, impiden servir ultraprocesados.
Límites a precocinados y fritos
Según el diario, la norma establece que los platos precocinados no podrán superar las tres raciones al mes en hospitales y residencias; en los menús hospitalarios para menores y en las escuelas de 0 a 3 años, el límite será de una ración al mes; y las frituras quedarán restringidas a dos raciones semanales.
La norma exige que el 90 por ciento de las frutas y el 30 por ciento de las hortalizas sean frescas y de temporada. Al menos un 10 por ciento deberá proceder de circuitos cortos de distribución. El 25 por ciento del gasto en alimentos tendrá que destinarse a producción ecológica, aunque durante los cuatro primeros años ese porcentaje será del 10 por ciento para facilitar la transición.
Los menús diarios incluirán al menos dos raciones semanales de pescado como plato principal, alternando blanco y azul, y una ración semanal elaborada con proteínas vegetales, como las legumbres. En los productos a base de cereales, como pan, arroz o pasta, al menos la mitad de la oferta semanal deberá ser integral.
Las comidas deberán estar supervisadas por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética, una petición histórica del sector. El decreto también apuesta por las cocinas propias en los centros, en un contexto en el que cada vez se recurre más a la comida precocinada. Además, obliga a adaptar los menús a cada grupo de edad y a las necesidades de salud, éticas o religiosas de cada persona. Se implantarán también cribados nutricionales para detectar posibles casos de desnutrición.
Además, al menos un 70 por ciento de los productos de las máquinas expendedoras deberán ser saludables y estar en las filas de mayor visibilidad. Las máquinas de bebidas calientes ofrecerán por defecto 0 gramos de azúcar añadido, con un máximo de 5 gramos extra de forma voluntaria. Los centros tendrán que instalar fuentes de agua potable gratuita.
El texto, cerrado y pendiente del Consejo de Ministros
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que el decreto está finalizado y listo "desde el título hasta el punto final" para llevarse al Consejo de Ministros, según recogió EFE. Añadió que se aprobará "con la mayor brevedad posible".
Bustinduy defendió que la norma busca "garantizar el derecho a una alimentación saludable" donde más importa. Afirmó que ese derecho debe estar por encima del lucro de las empresas de contratas, catering y vending. También denunció presiones de lobbies económicos contra el decreto.
Sobre las residencias, el ministro habló de poner fin al "escándalo moral, social y político" de los centros con comida en mal estado. Confió en que el 99 por ciento de la población esté de acuerdo con la norma y aseguró que cualquier resistencia será superada "por la presión social". Subrayó la importancia de crear hábitos saludables en los más pequeños y de una buena alimentación para la recuperación en los hospitales.
España tiene tasas de sobrepeso y obesidad infantil que rozan el 40 por ciento. En 2025 el Gobierno ya aprobó un decreto similar para los comedores de colegios e institutos. En cambio, no ha logrado aprobar la limitación de la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores, por tensiones en el Ejecutivo. La nueva regulación entrará en vigor un año después de su publicación en el BOE.