Con la adquisición de 500.000 firmas para su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el colectivo de veterinarios ha dado un nuevo paso para frenar en el Congreso de los Diputados la reforma de una normativa sobre medicamentos para animales que, según la patronal, ‘ata de manos’ a estos profesionales y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de las mascotas y el ganado.
La propuesta que pretende hacer cristalizar la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) consta de dos artículos. El primero consiste en la derogación del real decreto 666/2023, el mismo que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que, a juicio de la organización que dirige Sebastià Rotger considera que esta norma restringe estrictamente la prescripción excepcional basada en el conocimiento científico e impone cargas administrativas que no recaen sobre otros colectivos sanitarios, como médicos o farmacéuticos.
El segundo de los artículos de la reforma que pretende impulsar la CEVE pasa por la modificación del real decreto 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Concretamente, de sus apartados 1 y 3, así como del artículo cuarto.
En esencia, los cambios que propone la patronal veterinaria llevarían a incluir expresamente a los centros y servicios veterinarios, siempre que dispongan de la infraestructura necesaria para su custodia y conservación, entre los establecimientos autorizados para dispensar medicamentos veterinarios directamente al público.
“Los medicamentos destinados a perros, gatos, animales de terrario, pájaros domiciliarios, peces de acuario y pequeños roedores que no requieran prescripción veterinaria podrán distribuirse y venderse en otros establecimientos, en los términos previstos reglamentariamente”, recoge el texto de la ILP.
Retrasos en tratamientos e incremento de los costes veterinarios
Este mismo documento refleja que el 76,8 por ciento de los medicamentos veterinarios llegan a los usuarios a través de los centros veterinarios frente a un 6,48 por ciento que se dispensa en farmacias. Un fenómeno que la CEVE atribuye a la dificultad de las más de 22.000 boticas españolas para mantener un stock de las más de 4.500 referencias veterinarias registradas en el país.
En este escenario, argumenta que la titulación oficial de veterinaria incluye competencias específicas en farmacología y farmacoterapia animal, lo que permite a estos profesionales dispensar medicamentos en otros países de la Unión Europea. Lamenta, no obstante, que la legislación actual designa como garante al farmacéutico, quien, según la CEVE, no dispone de esta “formación específica” en salud animal. Por ello, plantea modificar el RDL 1/2015 para establecer que el ejercicio clínico de la veterinaria sea legalmente compatible con la venta al por menor y con la titularidad de farmacias veterinarias.
En cuanto a la aplicación clínica, la proposición advierte de que se registran retrasos de entre dos y cinco días para el inicio de los tratamientos y un incremento en los costes para los propietarios al requerirse la adquisición de envases clínicos de mayor tamaño. Asimismo, vincula el sistema actual con un aumento de excedentes farmacológicos en los domicilios, compras en canales no autorizados y modificaciones en las prescripciones en las boticas.
Factores que, según la norma, pueden impactar en el control de las resistencias antimicrobianas y en la salud pública.