Este viernes ha entrado en vigor la Ley 4/2026, de 1 de octubre, la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad que limita el ingreso involuntario de pacientes psiquiátricos a casos de 'urgencia vital'. Ante esta medida, desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) alertan de que esta modificación "pone en riesgo la atención a las personas con trastorno mental grave".
Denuncian que en los casos de crisis derivados de "enfermedad mental grave, con frecuencia impiden al paciente reconocer que está enfermo", por lo que con la modificación de los ingresos, "pueden quedar sin tratamiento situaciones como una psicosis con abandono total del autocuidado, un episodio maníaco con grave perjuicio económico o social, un trastorno de la conducta alimentaria grave, un deterioro cognitivo con conducta errática o una decisión suicida de alto riesgo sin plan inmediato".
Según advierten, la norma choca con la Ley de Autonomía del Paciente, pues "permite actuar ante un riesgo grave para la integridad física o psíquica", por lo que una de las principales preocupaciones es cómo va a afectar tanto al paciente como a su familia la aplicación de la norma en la práctica asistencial.
Impacto en las familias
"Cuando no es posible el ingreso, la responsabilidad del cuidado se traslada al domicilio", advierten. "Las familias tendrán que convivir con un familiar que no reconoce su enfermedad y esperar a que la situación ponga en peligro una vida para recibir ayuda". Por ello, insisten en que "esta ley dejará solos a muchos pacientes y a sus familias" si no se aplican "criterios claros" ni "recursos alternativos".
Asimismo, recuerdan que es "imprescindible considerar el impacto de esta regulación en niños y adolescentes con trastornos mentales graves", pues en determinados casos, "el deber de protección y el interés superior del menor exigen garantizar el acceso a intervenciones terapéuticas oportunas y eficaces". En este punto, insisten, "cualquier desarrollo e implementación de la norma debería contemplar explícitamente las necesidades específicas de la población infanto-juvenil".
Desde Sanidad aseguran que la entrada en vigor de la ley está destinada a "garantizar los derechos de los pacientes ante las intervenciones involuntarias en salud mental". Sin embargo, los psiquiatras recuerdan que "proteger a quien, en plena crisis, no puede protegerse también es respetar sus derechos". En cualquier caso, desde el Ministerio insisten en que los ingresos involuntarios podrán realizarse bajo "autorización judicial, salvo cuando razones de urgencia hagan necesario el ingreso inmediato".
Saturación y mayor carga asistencial
La norma, según plantean desde psiquiatría, conlleva ciertos "riesgos para la práctica clínica", especialmente para los profesionales, que pasarán a contar con una "mayor carga asistencial", favoreciendo "nuevas exigencias para unos servicios ya desbordados".