La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) alertan de que la pobreza infantil constituye uno de los principales determinantes de la salud y reclaman que deje de abordarse exclusivamente como un problema social para ser considerada también una prioridad sanitaria. Como sociedades científicas comprometidas con el bienestar de la infancia y la adolescencia, ambas entidades subrayan que normalizar la pobreza infantil significa aceptar una desigualdad que condiciona el presente de miles de niños, niñas y adolescentes y compromete el futuro de toda la sociedad.
En España, el 34,8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion) de la Unión Europea, una de las cifras más elevadas del continente. Mientras que en otros grupos de población la situación muestra una ligera mejoría, en la infancia estas tasas permanecen cronificadas, perpetuando desigualdades que afectan de forma directa a la salud, el desarrollo y las oportunidades de quienes las sufren.
La evidencia científica demuestra que la pobreza no es únicamente una cuestión económica, sino un factor que condiciona la salud desde las primeras etapas de la vida. Influye en la esperanza de vida, incrementa el riesgo de obesidad infantil, afecta a la salud mental y repercute en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niños, niñas y adolescentes. En definitiva, limita las posibilidades reales de que alcancen su máximo potencial.
Ámbitos esenciales para el desarrollo infantil
En la salud, porque el acceso a una alimentación saludable, a la atención odontológica o psicológica y a otros recursos sanitarios continúa dependiendo, en demasiadas ocasiones, de la capacidad económica de las familias. El código postal o la falta de recursos no deberían determinar las oportunidades de salud de ningún niño.
En la educación, porque la falta de material escolar, las dificultades para acceder al transporte, la brecha digital o la imposibilidad de participar en actividades extraescolares reducen las oportunidades educativas y favorecen la desigualdad desde edades tempranas.
En el hogar, porque vivir en condiciones de hacinamiento, sufrir pobreza energética, convivir con humedades o afrontar la amenaza de perder la vivienda repercute directamente en el bienestar, la salud y el desarrollo de la infancia.
Cinco medidas esenciales
Ante esta situación, la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Social consideran imprescindible impulsar medidas eficaces y sostenidas que permitan reducir la pobreza infantil y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia. Primero, hablan de la puesta en marcha de políticas públicas ambiciosas y estables que permitan reducir la pobreza infantil, con especial atención a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. También reclaman una sanidad pública verdaderamente integral y equitativa, capaz de eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a la atención sanitaria y de destinar más recursos a quienes más los necesitan.
Ambos organismos ven prioritario garantizar la igualdad de oportunidades mediante el acceso universal a la educación desde los 0 años, materiales escolares, transporte, alimentación saludable y actividades de ocio educativo, además de asegurar el acceso de todas las familias a una vivienda digna, erradicando situaciones de infravivienda, hacinamiento y pobreza energética que afectan directamente a la salud infantil. Por último, hacen un llamamiento para que los niños, niñas y adolescentes participen de forma efectiva en aquellas decisiones y políticas públicas que repercuten en sus vidas, reconociéndolos como sujetos activos de derechos.
Las dos entidades defienden así que garantizar los derechos de la infancia no puede depender de circunstancias económicas ni de prioridades coyunturales. Es una obligación ética, social y constitucional. Invertir en la infancia más vulnerable no solo mejora la salud y la calidad de vida de quienes hoy más lo necesitan, sino que constituye una inversión imprescindible para construir una sociedad más saludable, más equitativa y con mayores oportunidades para todos.