Abortar de forma farmacológica podría dejar de ser una posibilidad únicamente restringida al ámbito hospitalario, después de que el Ministerio de Sanidad haya planteado la incorporación de esta práctica a la cartera de Servicios de Atención Primaria. Un anuncio que los propios médicos de este nivel asistencial han recibido con sorpresa ya que no tenían constancia de la propuesta lanzada por el departamento de Mónica García. "Nos parece que no reúne los cauces habituales para una decisión de tanta importancia y que desde luego se ha olvidado del actor principal", enarbolaba Lorenzo Armenteros como portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), consciente, en cualquier caso, de los pros y contras que supondría la integración de dicha medida en el ecosistema sanitario nacional, la cual, si bien puede prestigiar el primer nivel asistencial y mejorar la equidad territorial, nace lastrada por la falta de medios técnicos y formación específica.
En este sentido, Armenteros considera que dejar este tipo de aborto en manos de los médicos de Familia no solo aportaría prestigio a la especialidad, situándoles como líderes en el seguimiento y la salud de la mujer, donde ya manejan la anticoncepción hormonal y los sangrados ofreciendo longitudinalidad y la continuidad asistencial, sino que, a su vez, permitiría a las pacientes una accesibilidad "mucho más alta" que la que ofrece la atención hospitalaria y, por ende, una mayor equidad territorial en el acceso a la interrupción del embarazo.
Consultas protegidas
Aquí también entraría en juego el tiempo por paciente en una ya de por sí sobrecargada Atención Primaria. Dada la complejidad psicosocial, este tipo de procedimientos requerirían un espacio específico que los médicos denominan "consulta protegida", similar al que se utiliza para casos de violencia de género, y separado del cupo habitual de citas que maneja Familia en su agenda diaria. "Es un proceso de adaptación psicológico-mental de diferentes aspectos de valoración, no el simple hecho de una petición y un hecho consecuente", detalla.
En cualquier caso, se trata de un objetivo inviable a día de hoy teniendo en cuenta los recursos disponibles, lamenta Armenteros, al poner como ejemplo la distribución heterogénea de ecógrafos en el mapa autonómico. En la práctica, asumir este tipo de procesos exige resolver deficiencias técnicas inmediatas, descartando gestaciones ectópicas y midiendo la edad gestacional exacta mediante ecografía, una tecnología cuya distribución en los ambulatorios de España es hoy "bastante desigual". Además, el protocolo de actuación deberá incluir obligatoriamente visitas de seguimiento a los 14 y a los 21 días, así como establecer una vía rápida de derivación directa a Ginecología ante complicaciones puntuales, como sangrados abundantes o abortos incompletos.
El otro gran hándicap que señala el portavoz de SEMG tiene que ver con la formación específica de enfermeras y médicos en este ámbito, insuficiente por el momento, afirma, si bien su implementación no requeriría "muchas complejidades".
Además de definir qué profesionales intervendrán en cada fase, un potencial desplazamiento de funciones al ámbito de Primaria, requiere, sin lugar a dudas, atender una de las principales reivindicaciones de la especialidad como es la dotación de plantillas. "Estamos cansados de reivindicar las deficiencias de Atención Primaria para que seamos el cajón donde se deposita todo aquello que no quiere el hospital", asegura Armenteros, quien advierte del peligro de sumar una nueva actividad a un nivel asistencial ya tensionado. Junto a la presión asistencial, señala una variable organizativa ineludible: la gestión de la objeción de conciencia. De hecho, considera imprescindible articular un registro oficial para garantizar que el reparto de esta carga de trabajo sea "proporcional por todos los centros de salud" y evitar que un solo médico deba asumir todos los casos en un municipio determinado.
Éxito en Francia, ¿cuándo en España?
Aunque, tal y como indicaba la propia ministra, habrá que actualizar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, para que pueda ser prescrita en Primaria, lo cierto es que Familia ve con buenos ojos su llegada a las consultas teniendo en cuenta sus altas tasas de éxito cercanas al 98 por ciento y las "complicaciones muy bajas y fácilmente controlables" que presenta con "medios y coordinación". Para demostrar que el modelo funciona, Armenteros apunta a la experiencia de Francia, donde las píldoras abortivas suponen ya el 80 por ciento de las interrupciones y cerca de la mitad se realizan de forma segura fuera del entorno hospitalario.
Aun así, en el caso de España, los plazos dependerán de la incorporación de las medidas mencionadas y la interlocución que se establezca entre las sociedades científicas y el ministerio, quien ya ha anunciado que trabajará codo con codo con los profesionales para asegurar este cambio de manos en el aborto. "Si nos ponemos a trabajar, se puede conseguir en relativamente poco tiempo porque no es un procedimiento de una extrema complejidad, sino que encajaría dentro de los procedimientos de Atención Primaria", asevera Armenteros, tras lamentar, una vez, la falta de una comunicación oficial a su colectivo como principales implicados. "Nos enteramos por la prensa antes que los propios interesados", lamenta, calificando de "demagógica" la promesa ministerial de trabajar de la mano de los profesionales en el futuro cuando se les ha excluido por completo del diseño inicial.