Soplan vientos agitados en la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que se enfrenta a una de sus mayores crisis después del escándalo que rodea a uno de sus expresidentes. Según ha anunciado la propia entidad, el que fuera también médico de la reina Isabel II, Kim Fox, habría incurrido en un conflicto de intereses al recomendar un fármaco en las guías clínicas por el que recibía una cuantiosa contraprestación por parte del laboratorio que lo fabricaba.
Al parecer, entre 2006 y 2015, el cardiólogo británico habría cobrado junto a su esposa más de 50 millones de libras (más de 58 millones de euros) por parte de la empresa Servier, fabricante de ivabradina (Procoralan/Corlanor). Los pagos se realizaron a través de Heart Research, una empresa de investigación por contrato de la que eran únicos accionistas y que gestionó hasta tres ensayos clínicos para dicha compañía. El grueso de los ingresos, más de 33 millones de libras -que equivalen a unos 47 millones actuales-, se liquidó en 2015 como reparto de capital retenido y beneficios.
Al poco de comenzar su alianza con la farmacéutica, y ejerciendo ya como presidente de la ESC, el también profesor del del Imperial College de Londres lideraría el grupo de trabajo encargado de elaborar una guía clínica europea en la que se recomendaba dicho medicamento como tratamiento alternativo para la angina de pecho, a pesar de no haber logrado los estándares de eficacia marcados en los ensayos clínicos. De hecho, en esos momentos, Fox participaba en la ejecución del ensayo clínico Beautiful, financiado por la propia Servier.
Las guías publicadas por la ESC no detallaron la cuantía de los vínculos económicos de Fox, remitiendo únicamente a formularios disponibles bajo petición por escrito a la presidencia. Sin embargo, las recomendaciones vertidas en la guía ayudaron a allanar el camino de este fármaco a la hora ser aprobado como tratamiento de la insuficiencia cardiaca en Europa.
Expulsión de Fox
Fue un documental de la televisión pública danesa el que, en septiembre de 2024, es decir, una década después, destaparía dichas irregularidades, si bien, la revisión interna de la ESC sobre las guías de 2006 concluyó que las recomendaciones técnicas eran "adecuadas" y no mostraban evidencias de sesgo hacia la ivabradina. Un año más tarde, no obstante, el Comité de Ética de la sociedad dictaminó que Fox había vulnerado sus obligaciones éticas al no recusarse ante un conflicto de intereses significativo, imponiendo una sanción grave.
Iniciada la investigación, Fox decidió dimitir y desvincularse de la ESC, evitando, de paso las medidas disciplinarias de la organización. No obstante, en mayo de 2025 la junta le retiró la Medalla de Oro, el máximo galardón de la entidad, eliminó su nombre del registro oficial de expresidentes y vetó su reincorporación o participación futura en actos de la sociedad, lo que supone el nivel más alto de exclusión bajo las normas de la ESC.
Por su parte, Fox rechazó tajantemente las conclusiones del comité de ética. A través de un comunicado, aseguró que había declarado todos sus intereses de forma transparente y pública en su momento, que no violó ninguna norma vigente de la ESC aplicable en esa época y que la sociedad no mostró preocupación alguna entonces. El cardiólogo argumentó que no estaba dispuesto a ser juzgado en base a reglamentos de 2024 aplicados de forma retrospectiva a sus actividades de 2006 a 2008.
Incremento del riesgo de infarto
La controversia rodea también la utilidad real del fármaco. Aunque la ivabradina sigue autorizada en Europa y Estados Unidos, el ensayo Signify de 2014, en el que también participó Heart Research, reveló un incremento en el riesgo de infarto y muerte cardiovascular en un subgrupo significativo de pacientes, lo que obligó a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a emitir advertencias sobre su uso. En la actualidad, de hecho, muchos cardiólogos consideran la ivabradina un tratamiento de tercera línea en el mejor de los casos, y publicaciones médicas independientes como la revista francesa Prescrire aconsejan a los médicos no prescribirla.
Este caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de los sistemas de autorregulación de la industria farmacéutica y las asociaciones médicas en Europa, ante una normativa que los expertos de Reino Unido consideran demasiado laxa, a pesar de que en 2022, la ESC introdujo un límite de 10.000 euros anuales de ingresos procedentes de la industria para poder participar en los grupos de trabajo de guías clínicas.