La necesidad de actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), garantizar la participación de los profesionales en las decisiones que afectan al sistema, delimitar las competencias de cada profesión y reforzar la seguridad de los pacientes han sido algunos de los principales asuntos abordados en la mesa de debate 'La profesión médica ante la reforma de la LOPS' en el marco de la 9.ª Convención de la Profesión Médica de la Organización Médica Colegial (OMC). Así, diferentes expertos han coincidido en que la actualización normativa debe ir más allá de una modificación formal del texto y responder a las necesidades reales de la asistencia sanitaria, con una planificación adecuada, recursos económicos y consenso entre todos los agentes implicados.
El encuentro ha tenido como objetivo reunir a la profesión médica para reflexionar sobre los desafíos presentes y futuros de la sanidad y el papel de sus profesionales, y ha sido moderada por Ofelia De Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que ha abierto el debate subrayando la importancia de integrar "memoria, experiencia y sobre todo mirada" para abordar el futuro de la ordenación de las profesiones sanitarias. Durante su presentación, ha señalado que el objetivo debía ser consensuar los cambios prioritarios para adaptar las competencias profesionales a las nuevas necesidades asistenciales y ofrecer seguridad jurídica a los profesionales. "Reformar una ley no debería ser solo cambiar sus palabras, sino conseguir que siga estando a la altura de la medicina, de los profesionales y de los pacientes", ha afirmado.
Una reforma que debe responder a un modelo sanitario de futuro
Uno de los principales planteamientos de la mesa ha sido la necesidad de que la reforma de la LOPS se integre en una visión estratégica del sistema sanitario. Rafael Bengoa Rentería, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido de la creciente distancia entre quienes toman las decisiones de gestión y los profesionales que trabajan directamente con los pacientes. "Hay una clara desconexión entre lo que está ocurriendo", ha señalado, alertando de que esta situación puede traducirse en "un mayor control" sobre los médicos y en dificultades para responder a las necesidades asistenciales.
Para Bengoa, la futura legislación debe contribuir a "reconectar el mundo clínico con el mundo de la gestión", pero también establecer hacia dónde quiere dirigirse el sistema sanitario en los próximos años. A su juicio, resulta necesario explicitar el modelo asistencial que se pretende alcanzar antes de abordar los cambios normativos. "Escribir leyes sin saber el contexto de dónde se quieren llevar 85.000 millones de euros y 600.000 trabajadores a través del sistema público, probablemente también privado, es de una evidente falta de explicitación estratégica", ha asegurado.
"Hay que reconectar el mundo clínico con el mundo de la gestión"
En esta misma línea de reflexión sobre el futuro de la ordenación profesional, Ignasi Pidevall i Borrell, director jurídico del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (CoMB), ha defendido que, más de veinte años después de su aprobación, es necesario revisar el modelo para garantizar "calidad, seguridad y responsabilidad clínica". Sin embargo, ha insistido en diferenciar la regulación del sistema sanitario, la ordenación de las profesiones y las condiciones laborales. "El Estatuto Marco regula la relación de empleo y la LOPS regula la habilitación, funciones, formación, competencias y relaciones interprofesionales", ha recordado, subrayando la importancia de mantener la coherencia entre ambos marcos normativos.
Los aspectos pendientes de desarrollar desde la aprobación de la LOPS
Mientras, Ana Pastor Julián, exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso de los Diputados, como responsable de la ley durante su etapa al frente del ministerio ha realizado un balance de los objetivos que motivaron su aprobación en 2003 y de las cuestiones que todavía permanecen sin desarrollar. Así, ha apuntado que la norma nació para establecer "un marco común para los profesionales de los ámbitos público y privado, reconocer la formación sanitaria especializada, convertir la formación continuada en un derecho y un deber y establecer un modelo de desarrollo profesional".
Pero ha lamentado que algunos de sus aspectos más importantes no hayan llegado a materializarse. Entre ellos, ha citado "la acreditación periódica de competencias, el desarrollo profesional, las áreas de capacitación específica, la regulación del ejercicio privado y la creación de un registro completo de profesionales".
Sobre este último asunto, Pastor Julián ha reclamado disponer de información fiable para planificar las necesidades del sistema: "No sabemos con precisión cuántos especialistas, dónde trabajan, cuántos se jubilan". También ha criticado la existencia de 17 modelos diferentes de carrera profesional sin mecanismos suficientes de reconocimiento y movilidad entre comunidades autónomas.
La exministra ha atribuido entonces los retrasos a tres factores: "Las dificultades competenciales para alcanzar acuerdos entre administraciones, la falta de inversión sostenida y la pérdida de prioridad política del desarrollo reglamentario". Por ello, ha defendido que la reforma incorpore "un calendario obligatorio de desarrollo, una memoria económica de verdad, la recertificación con los colegios, una carrera profesional común y reconocida en todo el país" y un registro único, completo e interoperable. Su petición final ha sido clara: "Me gustaría que la reforma se hiciera con el consenso de todos".
Formación especializada, competencias y reconocimiento profesional
Además, la actualización de los programas formativos y la delimitación de las competencias profesionales son temas que han ocupado también una parte importante del debate. Aquí, Mercedes Guerra Requena, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (Cnecs), advirtió de que una ley aprobada en 2003 necesita adaptarse a los avances científicos, tecnológicos y asistenciales, pero ha expresado su preocupación ante una reforma que pudiera realizarse "sin escuchar a los profesionales".
La presidenta del organismo ha afirmado que el primer paso debe ser "revisar los programas de las especialidades existentes", algunos de los cuales llevan años sin actualizarse: "Lo primero que hay que hacer es poner orden en nuestra casa". Solo después de conocer las competencias reales de cada especialidad y las necesidades que quedan sin cubrir, considera, será posible valorar la creación de nuevas especialidades o áreas de capacitación específica.
Guerra Requena también ha planteado la importancia de desarrollar los diplomas de acreditación avanzada y avanzar hacia una mayor especialización, aunque advirtió de los riesgos de hacerlo sin una planificación conjunta. "Si cada uno piensa a nivel individual y solo pone el foco en cuál es mi interés, no intentamos hacer una visión común, podemos llegar a un grado de hiperespecialización que también entre en inequidad", ha matizado. En este sentido, puntualiza que existen comunidades autónomas cuyos hospitales públicos todavía carecen de especialidades ya reconocidas, lo que obliga a garantizar la equidad en el acceso a la atención.
Por su parte, Pidevall i Borrell ha insistido en que la definición de las funciones de cada profesión debe abordarse desde el consenso y la cooperación interdisciplinar, defendiendo mantener el marco actual salvo que existan acuerdos suficientemente amplios para introducir modificaciones.
Seguridad del paciente y participación de los profesionales
La seguridad del paciente ha sido el elemento transversal que ha conectado las distintas intervenciones. Para Pidevall i Borrell, cualquier cambio en la ordenación profesional debe preservar las responsabilidades clínicas y adaptarse a los nuevos modelos asistenciales, en los que participan perfiles tecnológicos y sociales junto a los profesionales sanitarios tradicionales. También ha respaldado incorporar competencias transversales relacionadas con la salud digital, la Inteligencia Artificial (IA) y la seguridad del paciente.
El director jurídico del CoMB ha reclamado, además, una regulación más desarrollada del ejercicio privado, especialmente en lo relativo a las condiciones contractuales entre médicos y entidades aseguradoras. A su juicio, los desequilibrios existentes pueden repercutir en la autonomía clínica y requieren una respuesta normativa específica.
Guerra Requena, por su parte, ha reivindicado un mayor reconocimiento y "calado" del papel asesor del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud en la toma de decisiones, lamentando que el trabajo de sus representantes no siempre se traduzca en decisiones efectivas.
En definitiva, la mesa ha concluido con una idea compartida: la reforma de la LOPS representa una oportunidad para repensar la ordenación de las profesiones sanitarias, adaptar la formación a los avances científicos, reconocer las responsabilidades de cada colectivo y garantizar una asistencia de calidad. Tal y como ha resumido Ofelia de Lorenzo, reformar una ley no debe consistir únicamente en cambiar sus palabras, sino en conseguir que "siga estando a la altura de la Medicina, de los profesionales y de los pacientes".