La Organización Médica Colegial (OMC) exige al Gobierno la creación de mecanismos legales que protejan a los pacientes afectados por la suspensión de actividad del Grupo Vivanta. La corporación urge a garantizar la continuidad de los tratamientos ya abonados y reclama la aprobación de una ley estatal de publicidad sanitaria para evitar que las crisis empresariales terminen perjudicando la salud ciudadana.
El cese de operaciones de la cadena odontológica ha dejado a numerosas personas con intervenciones a medias, una realidad que la entidad rechaza frontalmente al considerar que la sanidad no puede quedar supeditada a los vaivenes financieros de una compañía. La interrupción brusca de la asistencia acarrea consecuencias directas sobre el bienestar de los perjudicados, quienes se encuentran ahora en un limbo jurídico tras haber adelantado el pago de sus facturas. "Los pacientes no pueden convertirse en financiadores involuntarios de modelos cuyo riesgo económico termine recayendo sobre ellos", argumenta la corporación profesional para exigir a las administraciones una intervención inmediata que asegure la atención médica.
Casos recurrentes
El expediente de Vivanta engrosa una lista de quiebras en la que ya figuran colapsos empresariales previos como los de Funnydent, iDental o Dentix. Ante esta constante repetición de escenarios, el organismo colegial recuerda que la práctica médica no debe regirse por meros objetivos de captación comercial, ya que la legitimidad de las distintas fórmulas societarias jamás debe desplazar al rigor del criterio clínico. Una insolvencia corporativa, sentencian desde la OMC, no puede dejar a una persona simultáneamente sin tratamiento y sin los ahorros destinados a recibirlo.
Regulación publicitaria
Para atajar la raíz de estas prácticas, la corporación médica se suma a las históricas reivindicaciones de dentistas, farmacéuticos y veterinarios para impulsar una norma nacional que regule la publicidad en el ámbito sanitario. La entidad detalla que la promoción de este tipo de servicios requiere límites estrictos y diferenciados de cualquier otro producto de consumo, puesto que el usuario que acude a un centro odontológico lo hace desde la vulnerabilidad del paciente y no bajo la figura jurídica de un simple cliente.
La Organización Médica Colegial insta a las autoridades públicas a legislar de forma preventiva en lugar de actuar únicamente cuando el daño ya es irreparable. Los múltiples precedentes acumulados durante los últimos años evidencian la necesidad de adoptar medidas efectivas para blindar la seguridad del enfermo y asegurar que la salud prevalezca frente a cualquier interés mercantil.