La plataforma por la recuperación de la paga extra, integrada por plataformas de distintos sectores, entre ellos varios sindicatos médicos, iniciará nuevas acciones conjuntas para recuperar de manera íntegra las pagas extraordinarias recortadas desde el año 2010. "Es un día histórico", ha asegurado en rueda de prensa Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Así, ha afirmado que se iniciarán los contactos tanto con el Gobierno como con los distintos grupos parlamentarios. "Queremos que se mojen", ha afirmado. "Vamos a reivindicar, a movilizarnos y a intentar que esa deuda salarial histórica nos la devuelvan", ha matizado.
Se trata de un proyecto compartido. Una alianza que el propio Lázaro ha definido como un “hito histórico”. Así, junto a CESM, el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el Sindicato Independiente ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), han demandado la creación de un plan de recuperación de esa deuda. Insisten en que la medida la entendieron como un sacrificio puntual y que hoy para ellos supone una “anomalía democrática”. “16 años después, compañeros siguen pidiendo que hagamos algo. Esto va por ellos”, ha defendido Néstor Morchón, presidente del Sindicato Médico de Euskadi (SME). Esta plataforma supone un acuerdo transversal como vía para dar respuesta a casi tres millones de empleados públicos que se están viendo afectados por la suspensión de la paga extra. En cifras, esto se traduce en una pérdida de unos 1.600 euros para cada trabajador desde el año 2010.
¿Qué acciones se van a llevar a cabo?
Los sindicatos insisten en que es una contradicción que se diera por superado el momento de crisis económica y que, sin embargo, se haya mantenido el recorte aplicado en el contexto de la misma, una decisión que sigue discriminando al personal funcionario y estatutario respecto a otros colectivos profesionales. "A la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las escasas y exiguas subidas posteriores han sido lineales", argumentan. Ante esta situación, y tras conocerse la intención del Ejecutivo de elaborar los Presupuestos Generales del Estado en estos meses, los responsables sindicales han decidido poner en marcha una serie de acciones encaminadas a reclamar el fin de este recorte.
De ahí que se hayan solicitado reuniones a los responsables de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado para pedir una postura común en el proceso de tramitación de la ley, así como a los ministerios implicados, y que se estén cerrando fechas para movilizaciones conjuntas frente a las instituciones encargadas de revertir esta medida. Así, advierten de que las cartas se enviarán pronto y habrá total transparencia en la comunicación del proceso. Del mismo modo, el calendario de acciones irá tomando forma a lo largo de los próximos meses. “Es hora de decir basta a años de agravio hacia el colectivo”, ha concluido Francisco Venzalá, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE).