Falta sólo un paso para poner en marcha el modelo de recertificación médica común para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero es el más difícil. El Ministerio de Sanidad y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) no han dejado de dialogar durante los últimos meses para hacer realidad una iniciativa largamente perseguida y clave no sólo para evaluar periódicamente las competencias de los profesionales médicos, sino también, como consecuencia directa, para garantizar la calidad asistencial a los pacientes. Las bases del modelo están claras desde hace tiempo: lo único que falta es dar encaje legal a la credencial que habrá de emitir Sanidad, y desde el ministerio aseguran que la meta puede alcanzarse sólo a través de un camino: la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
El ministerio inició los trámites para modificar la norma en marzo, abriendo el proceso de consulta pública, que quedó cerrado el 16 de abril. El objetivo con ello es doble, según se indica en el documento correspondiente: adaptar el sistema de clasificación profesional del SNS a la normativa europea y adecuarlo a “las necesidades actuales de planificación y gestión de los recursos humanos del sistema sanitario”. Pero el calado de la reforma es tal que admite otros matices, y Facme aprovechó la consulta pública para reclamar, en sus alegaciones, que la futura norma incluya el desarrollo del sistema de recertificación médica.
Choque de versiones Sanidad-Facme
No obstante, fuentes de la entidad que preside Cristina Avendaño reconocen a Redacción Médica que, teniendo en cuenta las dificultades del Gobierno para aprobar proyectos legislativos, esa no sería la vía más rápida para implantar definitivamente el modelo. Por ello, aclaran, en las conversaciones mantenidas con Sanidad se han puesto sobre la mesa varias alternativas. “En principio puede ser tanto en una ley como en un real decreto”, sugieren las mismas fuentes.
Esa versión contrasta con la de Sanidad, que descarta toda opción ajena a una reforma de ley. “No se puede hacer un real decreto”, indican, tajantes, fuentes del Paseo del Prado, que supeditan la normativización del sistema de recertificación únicamente a la reforma de la LOPS.
Un largo camino hacia la aprobación definitiva
Para que ese futuro proyecto legislativo llegue al Congreso, aún ha de elevarse en primera vuelta al Consejo de Ministros, pasar por audiencia pública, superar el filtro del resto de ministerios y del Consejo de Estado, entre otros organismos, y aprobarse en segunda vuelta en Moncloa. Con un horizonte electoral cada vez más cercano, Sanidad habrá de pisar el acelerador si quiere tener alguna posibilidad de que la reforma entre en vigor antes de que acabe la legislatura.
Llama la atención que el Ejecutivo no incluyera este proyecto en su Plan Anual Normativo (PAN) de 2026. Consultados por este periódico en junio, ni Sanidad ni Sumar (el grupo parlamentario que comanda en el Congreso las negociaciones de los proyectos impulsados por el ministerio de Mónica García) situaron la reforma de la LOPS entre sus últimas prioridades de legislatura.
Cinco pilares para la recertificación médica común
La idea del actual ministerio siempre ha sido articular una acreditación periódica no sólo de médicos, sino de todas las profesiones sanitarias, y así quedó reflejado en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria aprobado en 2024. El primer paso para conseguirlo era contar con un proyecto concreto antes del 31 de diciembre de 2025. La intención era -y sigue siendo oficialmente- que antes de que acabe 2027 se haya recertificado al menos el 5 por ciento de los profesionales del primer nivel asistencial.
En mayo, el Gobierno detalló en dos respuestas parlamentarias al PP que el futuro sistema se basará en cinco “pilares fundamentales”: actividad asistencial con criterios de calidad, formación continuada acreditada, investigación, docencia y experiencia del paciente. Desde Facme remarcan ahora que varias sociedades científicas incluso han puesto a punto las herramientas para hacer efectivo el modelo. “Todos tenemos bastante claro qué es lo que se ha de evaluar. Sólo falta la guinda normativa final”, insisten.