La Fiscalía General del Estado ha sugerido la instalación de cámaras en el sector de la Educación para controlar mejor los casos de violencia, una medida que ha rechazado la comunidad educativa. Los médicos y enfermeros españoles tampoco ven con buenos ojos la propuesta ya que, pese a poder ser una herramienta positiva frente a las agresiones que sufren los profesionales, pone en peligro la privacidad de los pacientes y de los propios empleados del Sistema Nacional de Salud (SNS).
“Satse ha elaborado y presentado, tanto al Ministerio de Sanidad como a las consejerías de salud autonómicas, una propuesta de Ley estatal que, entre otras muchas actuaciones, propone la instalación de sistemas de video-vigilancia durante 24 horas en zonas comunes y de libre acceso de los centros sanitarios, como pasillos o salas de espera", explica el sindicato de Enfermería a Redacción Médica.
Satse no comparte, sin embargo, la propuesta de instalar cámaras en las consultas porque entiende que hay que respetar el derecho a la intimidad y privacidad de los pacientes y ciudadanos en general: "Entre estos pacientes, además, están menores de edad", añade.
Sí a las alarmas y a una ley estatal
Lo que sí propone el sindicato es la instalación de dispositivos sonoros de alarma en las consultas
Satse: "Hay que respetar el derecho a la privacidad de los pacientes"
e insiste en la necesidad de contar con una Ley estatal que obligue a todas los servicios de salud y a las empresas sanitarias privadas a poner en marcha distintas actuaciones y medidas de todo tipo (prevención, información, sensibilización, atención…) que den "una respuesta eficaz, conjunta y coordinada a un grave problema que sufren a diario las enfermeras y enfermeros de nuestro país".
"En la actualidad, cada autonomía adopta las medidas que considera oportunas, con la consiguiente desigualdad y discriminación para los profesionales", denuncia.
Una decisión "técnica"
"Es una decisión que depende de los Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo de los propios
Miralles: "La protección a la intimidad del acto médico es un principio básico"
centros", explica a este diario Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que advierte de que todas estas medidas deben estudiarse bajo una lupa de "protección a la privacidad e intimidad del propio acto médico".
Serán los Comités, insiste el representante de los médicos españoles, quienes deben evaluar si la instalación de cámaras puede ser una "medida preventiva o incluso sancionadora" que pueda acabar con la violencia y las agresiones que se suceden en sanidad.
"Para nosotros, la protección a la privacidad y la intimidad al acto médico es un principio básico que está por encima de todo", añade Miralles, que incide en que "es un tema delicado".
Lo mismo opina Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT. "Hay cámaras ya instaladas en las áreas públicas de algunos hospitales. En sanidad me parece delicado respecto a la privacidad d elos pacientes", explica Álvarez a Redacción Médica: "Habría que valorarlo mucho porque la privacidad de los pacientes está específicamente protegida en la Ley de Protección de Datos".