Aunque la percepción social de los animales de compañía ha evolucionado hasta el punto de considerarlos parte intrínseca de la familia, no existe para ellos un modelo de ‘seguridad social’ que les garantice una asistencia sanitaria de 24 horas. Detrás de ello hay un componente económico: “Los números no salen”, han reconocido los protagonistas de la mesa redonda veterinaria celebrada este viernes en el marco del XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Durante la celebración de este debate organizado por el Consejo General de Colegios Veterinarios (Colvet) y moderado por su presidente, Gonzalo Moreno del Val, profesionales de sanidad animal del ámbito jurídico, clínico y ganadero han expuesto los retos a los que se enfrenta el sector para establecer un marco de seguridad para las urgencias sanitarias privadas.
Gonzalo Moreno del Val, presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España
Sobrevolaba en cualquier caso la idea de desarrollar un modelo de seguridad social semejante al que existe para las personas. El problema, ha expuesto María Luisa Fernández, presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, es que las cuentas “no salen”, pues mantener un servicio de urgencias de 24 horas requeriría ingresar cada día no menos que 945 euros.
La también veterinaria clínica de pequeños animales ha puesto el ejemplo de un servicio de urgencias que precise de cuatro veterinarios (tirando a la baja, ha matizado) con un coste salarial de 180.000 euros. Al equipo se sumarían tres auxiliares (75.000 euros) y refuerzos por bajas y guardias (30.000 euros), amén de otros gastos anuales (60.000 euros).
En total, 345.000 euros actualmente inasumibles, dado que para que un hospital de 24 horas se mantenga económicamente sin pérdidas necesitaría atender una media de 12,6 urgencias diarias a 75 euros cada una. “En El Hierro, por ejemplo, todos los animales deberían acudir por lo menos una vez al año a la consulta de urgencias -ha añadido-. Eso es absolutamente inviable y hace que no se pueda tener un servicio de este tipo dependiendo de qué territorio”.
A modo de posibles soluciones, la propia Fernández ha apuntado a la posibilidad de realizar guardias compartidas (con varias clínicas implicadas, horarios reducidos y flexibilidad en el cuadrante de guardias), así como por una mayor colaboración público/privada.
Mª Luisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife.
La sanidad animal en la ganadería
El escenario cambia sustancialmente cuando se pone el foco sobre los animales de explotación. Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, ha incidido en que la relación de los profesionales de sanidad animal con los ganaderos es constante, lo que exige cada vez un nivel más alto de especialización. El fin, ha incidido, no es ya salvar un espécimen, sino una “unidad productiva” (lo cual, ha matizado, no implica que el ganadero carezca de empatía hacia unos animales que “han nacido en casa, que se han criado con él y que trabajan juntos”).
En palabras de Ruiz, la clave es que los honorarios veterinarios constituyen "coste de producción" más que debe equilibrarse dentro de una explotación ganadera.
El veterinario ha enfatizado además la metamorfosis del parque ganadero. En Cantabria, por ejemplo, en apenas seis años (2019-2025) el número de explotaciones ha caído un 35 por ciento hasta las 750 mientras que el censo de vacas apenas descendió un 3,2 por ciento (hasta las 47.926). Por el contrario, el número de veterinarios de campo de la región se incrementó un 18 por ciento hasta alcanzar los 107.
Ello implica también un cambio en los servicios demandados, pues la proyección tradicional del veterinario como ‘apagafuegos’ hace tiempo que quedó obsoleta. Por el contrario, las explotaciones modernas, al estar redimensionadas como empresas mucho más organizadas, demandan servicios de prevención y asesoramiento que engloban programas de vacunación, control de calidad de la leche, agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) y planes integrales de gestión.
En cualquier caso, ha hecho alusión a las dificultades cada vez mayores para encontrar atención veterinaria en las granjas, y ha subrayado que no se puede exigir a estos profesionales que asuman guardias de 24 horas y competencias integrales para las que no están preparados. “Eso no lo compras tan fácil”, ha zanjado.
Fernando Ruiz Sarabia, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria. en conferencia moderna.png
Seguro de la OCV para proteger a los veterinarios
La mesa redonda la ha inaugurado Juan José Jiménez, director de servicios jurídicos del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, quien ha explicado que el reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de compañía establece dos modalidades para prestar el servicio de urgencias: la presencial y la telefónica.
Jiménez ha detallado que la mayoría de los problemas éticos y denunciadas de los usuarios provienen de esta segunda modalidad, habitualmente por dificultades u omisiones en la localización del profesional.
El incumplimiento de estas obligaciones normativas expone al veterinario a dos escenarios punitivos: la responsabilidad civil, que exige resarcir económicamente los daños causados al animal por la falta de asistencia; y la disciplinaria. Esta última puede conllevar desde amonestaciones públicas hasta multas económicas de entre 1.000 y 5.000 euros, así como inhabilitaciones profesionales de uno a tres años.
Ante el incremento de la tensión con los propietarios, la organización colegial implementó en 2025 un seguro colectivo para proteger a los facultativos. Hasta noviembre de 2026, este servicio ha gestionado 190 llamadas de asistencia y abierto 125 expedientes, destacando 66 consultas penales por insultos, amenazas o calumnias, y 12 por delitos de lesiones.
Juan José Jiménez Alonso, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España.
