La esperada reforma del sistema de financiación y fijación de precios de los medicamentos en España tendrá que seguir esperando para ser una realidad. La falta de apoyos parlamentarios junto al contexto de adelanto electoral hicieron decaer en primer lugar la Ley del Medicamento y, según ha confirmado el secretario general técnico del Ministerio de Sanidad, Jacobo Fernández, el Real Decreto de Precio y Financiación que el departamento seguía teniendo previsto sacar adelante antes de las elecciones también se ha quedado sin margen para aprobarse.
Sin embargo, desde la industria farmacéutica y los agentes sanitarios no creen que este revés tenga que suponer una vuelta a la casilla de salida. Tal y como se puso de manifiesto en una mesa redonda celebrada en el marco del XXXII Congreso de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), el proyecto de real decreto planteaba una reforma con importantes aspectos positivos y buenos "mimbres" que el Gobierno que salga de las urnas tendrá la tarea de rescatar y consolidar.
Jacobo Fernández Álvarez, secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad
Fernández ha reconocido que, a falta de un último Consejo de Ministros antes de las elecciones, la norma no tendrá ocasión de salir adelante, al tiempo que descartó cualquier margen legal para que pueda ser aprobada por un Gobierno en funciones. Si bien la legislación permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias en casos acreditados de urgencia o interés general, Fernández ha subrayado que no existe fundamento jurídico que ampare la tramitación de este reglamento en ese escenario. Según explicó, el artículo 21 de la Ley del Gobierno limita a un Ejecutivo en funciones al "despacho ordinario de los asuntos públicos", lo que impide aprobar disposiciones con un amplio margen de discrecionalidad que condicionen la acción política del futuro Ejecutivo. "Al existir ese amplio abanico de discrecionalidad y desarrollo, no procedería la aprobación en Gobierno en funciones de un texto como este", ha explicado. El representante del Ministerio ha apostado por preservar la "confianza legítima", la transparencia y los canales de diálogo abiertos con la industria, evitando "giros regulatorios de la noche a la mañana" que generen inseguridad jurídica o litigiosidad.
Desde el sector jurídico y farmacéutico ven este nuevo escenario como una oportunidad para reconstruir la reforma en el orden previsto inicialmente: primero la ley y después el real decreto. De este modo se subsanarían las lagunas jurídicas y los problemas de jerarquía normativa que arrastraba un reglamento que pretendía regular materias contempladas en el proyecto de ley decaído, como los precios dinámicos, el mayor intervencionismo sobre los precios notificados o las nuevas competencias de financiación atribuidas a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). No en vano, la directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Anna Bosch, ha recalcado la urgencia de actualizar un marco normativo que arrastra una evidente "obsolescencia de la normativa" en un momento marcado por la pérdida de competitividad europea frente a Estados Unidos o China y por la necesidad de dar encaje a las terapias avanzadas y la medicina personalizada.
Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria
De cara a la próxima legislatura, los ponentes trazaron una hoja de ruta con los elementos clave que deberían mantenerse cuando se reactive la tramitación. En el plano procedimental, Bosch valoró positivamente que el texto fijara un plazo de seis meses (180 días) para resolver la financiación, conforme a la Directiva de Transparencia europea, así como la creación de un procedimiento simplificado de 30 días para medicamentos con competencia, el reconocimiento formal de los acuerdos de financiación y su confidencialidad, o la obligación de las comunidades autónomas de respetar las decisiones nacionales.
Sin embargo, Victoria Fernández, directora legal de Johnson & Johnson Iberia, ha advertido de que fijar la reducción del plazo no basta si no se introducen reformas operativas para garantizar su cumplimiento. Aunque ha celebrado el anuncio de acortar los tiempos a seis meses, ha advertido sobre "las paradas de reloj que hacen la trampa", por lo que reclama dotar de medios materiales suficientes a la Administración para que los plazos se cumplan de forma efectiva. "La realidad que hemos sufrido las compañías es periodos larguísimos que no tienen ningún sentido", ha lamentado, señalando que muchos tratamientos innovadores tardan en llegar a España exclusivamente por los cuellos de botella administrativos. Asimismo, ha pedido depurar en la futura norma excesos regulatorios como la financiación pública de usos off-label: "No todo vale para ahorrar".
Victoria Fernández, senior Legal Director Iberia. Johnson&Johnson
Financiación provisional y condicional
Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), Cristina Avendaño, ha señalado la regulación de la financiación provisional y condicional como dos de los grandes aciertos del real decreto que deben conservarse. A su juicio, estos mecanismos permitirían corregir la "falta de equidad tremenda" que genera actualmente el acceso a medicamentos aún no financiados a través del uso compasivo, reclamando además un cauce formal y con respuesta individualizada para las autorizaciones excepcionales de pacientes concretos. "Para los médicos y pacientes el plantear unas aprobaciones de financiación provisionales es algo que claramente necesitamos. Solucionar ese acceso precoz es algo que veníamos defendiendo desde hace mucho tiempo", afirmó. Avendaño subrayó también que, al igual que en la autorización condicional europea, cada resolución provisional debe fijar sus propios plazos para resolver incertidumbres clínicas y prever cómo retirar la financiación sin perjudicar a los pacientes si no se cumplen los objetivos.
Aspecto de la sala durante la mesa: "El nuevo marco de financiación de los medicamentos: Acceso a la Innovación, Equidad y Valor Social
Por su parte, el socio de Faus Moliner, Lluis Alcover, resumió la secuencia que deberá seguir el próximo Ejecutivo si dispone de mayoría parlamentaria: "Primero la ley y luego el decreto". Entre los avances ha apostado por implantar un modelo donde "el precio es el valor que aportas", integrando una definición amplia de valor social que contemple la calidad de vida del paciente, la mejora de la productividad o la reducción del tiempo del cuidador. También ha defendido que se permita la promoción comercial desde la autorización y habilitar el lanzamiento al mercado privado con la mera presentación de la oferta al Ministerio, eliminando lo que ha calificado "un retraso inaceptable", así como prohibir que las fórmulas magistrales se utilicen como comparador de precios cuando exista un medicamento autorizado.
En el ámbito asistencial y territorial, tanto la industria como los profesionales sanitarios han coincidido en la necesidad de garantizar la equidad en el acceso una vez aprobada la financiación. Para Alcover, el papel de las comunidades autónomas debe limitarse a establecer recomendaciones de uso racional que nunca bloqueen los tratamientos aprobados en la CIPM, defendiendo el "derecho del prescriptor a prescribir lo financiado y derecho del paciente a recibirlo". En sintonía con ello, Avendaño pidió contar con los facultativos en las estrategias de sostenibilidad, asegurando que "cuando el médico está informado y se le reconoce su papel de líder" se siente plenamente vinculado a las recomendaciones de prescripción.
Álvaro Echevarría, director de la Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Asociación Española de Derecho Sanitario
Desde la Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, su director, Álvaro Echevarría, ha puesto el foco en la accesibilidad de los pacientes al reclamar la revisión de las reservas singulares que obligan a recoger en el hospital medicamentos catalogados como de dispensación comunitaria. Echevarría ha calificado esta situación como "un problema social de primer orden" que genera "costes ocultos importantes" por los desplazamientos. Como solución para la futura reforma, ha propuesto mantener la compra centralizada por parte de los servicios de salud, pero articular su entrega en depósito a través de la red de farmacias comunitarias, defendiendo que "la dispensación es un acto clínico de un profesional sanitario que requiere presencialidad" y rechazando el doble precio financiado-privado para que el medicamento circule siempre a precio financiado.
