Un juzgado de Lugo ha ordenado al Servicio Gallego de Salud (Sergas) que exima de forma inmediata de la realización de guardias médicas a un facultativo especialista de 60 años. La magistrada impone esta medida cautelar al considerar que la Administración sanitaria incurrió en una "total falta de previsión" a la hora de buscar relevos, priorizando las necesidades asistenciales por encima del derecho a la salud del trabajador.
El conflicto empieza en el Hospital Público da Mariña, donde el facultativo trabaja desde hace casi tres décadas. Pese a superar la edad estipulada en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 1998, que permite la exención de la atención continuada a los mayores de 55 años, el Sergas le denegó una primera solicitud en el año 2025. En enero de 2026, ya con 60 años cumplidos, el facultativo volvió a reclamar su derecho. La respuesta de la Administración llegó a finales de marzo con una nueva negativa, alegando "la carencia absoluta de personal facultativo de la especialidad" para poder cubrir los turnos.
El colapso del servicio frente a la salud del médico
En su escrito de oposición durante el proceso judicial, la defensa del Sergas dibujó una situación límite en el hospital. Según relató entonces la administración autonómica, la plantilla de Otorrinolaringología, donde ejerce el profesional, cuenta con solo tres profesionales fijos, estando uno de ellos de baja por incapacidad temporal. Por tanto, argumentaron que conceder la exención al demandante implicaría dejar a un único facultativo a cargo de absolutamente todas las guardias localizadas del centro, que constan de 17 horas en días laborables y 24 horas durante los festivos.
Ante la falta de especialistas disponibles en las listas de contratación temporal para cubrir la baja, la gerencia argumentó que esta exención obligaría a derivar pacientes urgentes y hospitalizados al Complejo Hospitalario Universitario de Lugo, paralizando además las intervenciones quirúrgicas y disparando las listas de espera.
Mientras, la falta de personal estaba pasando una grave factura al médico demandante. La defensa del facultativo aportó al juzgado un informe psiquiátrico que acreditaba que la persistencia en las guardias nocturnas y de atención continuada le estaba provocando cuadros de angustia e insomnio. Esta situación de menoscabo físico y psíquico le obligaba ya a requerir atención especializada y tratamiento farmacológico diario.
El castigo judicial a la inacción administrativa
La resolución judicial tumba los argumentos del Sergas. La magistrada recuerda que la Instrucción de 1998 prohíbe denegar la exención por segundo año consecutivo alegando de nuevo "necesidades del servicio", salvo que exista un informe razonado de una Comisión Mixta que acredite un escenario extraordinario y excepcional; un trámite que no consta que se haya realizado en este caso.
Además, la jueza afea duramente a la Administración que tardase seis meses en contestar al recurso de alzada del profesional, un tiempo valioso que podría haber invertido en buscar soluciones organizativas en lugar de agotar la vía del silencio administrativo. "Este escenario temporal evidencia una total falta de previsión por parte de la Administración sanitaria",escribe.
El juzgado concluye que "no es razonable, en el contexto analizado, sacrificar los derechos del actor para paliar la escasez de medios personales por la falta de diligencia de la Administración sanitaria, en los términos argumentados". Como resultado, concede la medida cautelar y exime al profesional de realizar guardias desde el día siguiente a la notificación del auto, situación que se mantendrá vigente hasta que recaiga una sentencia definitiva.