La reciente modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, que otorga por fin la condición de agentes de autoridad a los profesionales sanitarios de prisiones, ha sido recibida con alivio pero con cautela por parte del colectivo. Tras más de una década de reivindicaciones, los trabajadores celebran el respaldo legal y la protección que esta medida supondrá en su día a día. Sin embargo, tanto desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) como desde el sindicato CSIF coinciden en un diagnóstico claro: es un paso necesario, pero es solo un "parche" que no soluciona la grave crisis estructural que arrastran las prisiones españolas.
Para José Joaquín Antón, presidente de la SESP, la noticia es positiva porque "proporciona una mayor seguridad en actuaciones ante posibles agresiones o violencia", garantizando un respaldo institucional en caso de problemas. Una visión que comparte Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Instituciones Penitenciarias, quien subraya que esta medida "va a mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios" y supone una "dignificación del colectivo" tras más de diez años de pelea.
Vilas recuerda que las Enfermerías de los centros penitenciarios son "uno de los sitios donde más agresiones se sufrían". Además, el responsable de CSIF destaca una mejora práctica fundamental. A partir de ahora, frente a incidentes donde un interno rompa las gafas o material a un profesional, por ejemplo, la Administración se hará cargo de los daños de forma subsidiaria, independientemente de la solvencia del recluso.
Pese a las mejoras en seguridad, los representantes de los trabajadores son tajantes al afirmar que esto no arregla el problema de fondo. "Ayuda, pero no puede solucionar nada", lamenta el presidente de la SESP, quien denuncia que la falta de actuación de la Administración sigue agravando la situación.
Antón advierte que se siguen poniendo parches que incluso generan desigualdades y tensiones en las plantillas. "Va a haber dos tipos de médicos: los de carrera y los que entran como personal laboral sin los requisitos que se exigen a los funcionarios", explica, alertando de que el sistema "está abocado al colapso absoluto" si no se toman medidas de calado.
La transferencia de competencias, la única "solución real"
Ambos coinciden en que la única salida para la sanidad penitenciaria pasa por cumplir una norma que lleva 23 años ignorada. Se trata de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, que obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios de Salud.
"Lo que el colectivo está pidiendo es que cumplan la ley, una ley de hace 23 años. Que se dejen de historias y de echarse la culpa el uno al otro, porque sin cumplir la ley no hay solución", asevera Antón.
En la misma línea, Vilas subraya que ejecutar este mandato del Congreso es "la única solución". En la actualidad, esta transferencia solo se ha hecho efectiva de manera completa en País Vasco, Cataluña y Navarra. Una anomalía que llega al punto de que el propio Estado, que sí tiene la competencia sanitaria directa en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a través del Ingesa, "tampoco las ejerce en prisiones", concluye el responsable de CSIF.