La gestión de la sanidad ceutí ha vuelto a ser cuestionada por el Partido Popular. Esta vez ha sido a modo de pregunta parlamentaria, donde los de Feijóo han puesto en duda el cumplimiento de los acuerdos aprobados en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del 12 de mayo.
Fue a mediados de año cuando el organismo y los sindicatos se reunieron para negociar la implantación de la nueva jornada laboral de 35 horas semanales (1.533 horas anuales) para los profesionales sanitarios. Durante el encuentro, tal y como afirma la Administración en respuesta a la petición de los populares, se presentó una propuesta que incluía mantener los ocho días de libre disposición que había hasta entonces, pero "fue rechazada por dos organizaciones sindicales que exigían una jornada inferior a las 1.300 horas anuales". Una solicitud que el Gobierno desestimó por considerarla ilegal. Aun así, para cumplir con la normativa estatal, se implantó la nueva jornada reducida de 35 horas fijando seis días ordinarios de libre disposición y añadiendo un permiso retribuido de siete horas.
Desde el Ministerio de Sanidad defienden la legalidad de las negociaciones con la Mesa Sectorial y niegan cualquier tipo de recorte o regresión en los derechos laborales de los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla. De hecho, consideran que la implantación de dicha jornada, efectiva desde el 1 de junio de 2026, supone "una evidente mejora de los derechos laborales del personal" en los hospitales y centros de salud dependientes del Ingesa.
Frente a las dudas sobre si existió una negociación colectiva genuina, el Gobierno asegura que el proceso cristalizó "con perfecta sujeción a la legalidad vigente". Según el escrito publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo responsabiliza directamente a la parte social en cuanto a la queja por la reducción de los días de libre disposición.
Defensa de la jornada laboral establecida
La respuesta detalla que, con la antigua jornada de 1.642,5 horas, se preveían ocho días libres. La Administración propuso mantener esos ocho días con la nueva jornada reducida, pero afirma que esta opción "fue rechazada por las organizaciones sindicales" en su intento de lograr menos horas de las que marca la ley.
Como resultado, la resolución final fijó seis días de libre disposición para ajustarse a las 1.533 horas legales, aunque incorporó un permiso retribuido de siete horas y mantuvo intactos los días adicionales por antigüedad.
Respecto a la supuesta "devaluación del trabajo nocturno" planteada por los populares en su pregunta, el Gobierno rechaza la acusación y subraya que estos turnos reciben un "tratamiento beneficioso". Para justificarlo, explica que al personal en régimen rotatorio se le aplica exactamente la misma fórmula y factor de ponderación que utiliza el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Además, recuerda que los profesionales que trabajan el 24 y el 31 de diciembre, pese a no ser festivos, perciben la misma retribución doble que en los días especiales de Navidad y Año Nuevo.
Asimismo, el Ejecutivo asegura que el personal del servicio de Emergencias (061) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ya cuenta con una jornada inferior a las 35 horas semanales y soporta una carga de trabajo y un número de guardias nocturnas "notablemente inferiores" a los de sus homólogos en el resto del Sistema Nacional de Salud (SNS).
OPE sanitaria "histórica" en el Ingesa
El Gobierno también ha aprovechado la oportunidad para destacar que antes de esta reducción horaria las plantillas ya eran superiores a las de centros similares en la península y apunta que la Oferta Pública de Empleo para 2026 asciende a 396 plazas, calificándola como la mayor de la historia del Ingesa en Ceuta y Melilla.
Son muchas las críticas que han surgido sobre la asistencia sanitaria en Ceuta tras el estallido de la crisis migratoria el pasado mes de julio. La situación en la ciudad autónoma ha pasado a protagonizar la mayoría de los debates desarrollados en las Cortes Generales, e incluso ha eclipsado a la opinión pública.
Sanidad mantiene su posición de que no existe "colapso" hospitalario en la ciudad autónoma frente a las acusaciones de la oposición y de parte de los profesionales. Además, la semana pasada, el sindicato Cemsatse convocó una huelga el 24 de septiembre, aunque finalmente no se llevó a cabo por la "falta de publicación de los servicios mínimos", según apuntó la organización.
Entre las principales reivindicaciones sindicales se encuentra garantizar contratos mínimos de seis meses y un día para evitar la fuga de profesionales. Por su parte, el Ingesa tacha esta demanda de "exótica pretensión" y aclara que la contratación temporal obedece estrictamente a las necesidades del servicio marcadas por la ley.