El incremento del gasto en prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) se ha convertido en un reto para el sistema de Seguridad Social. En concreto, la inversión estatal se ha triplicado para dar respuesta a este tipo de bajas médicas, al pasar de una partida de 6.149 millones de euros en 2015 a una de 18.413 millones en 2025. El envejecimiento progresivo de la población y la mayor incidencia de las patologías crónicas influyen en esta mayor presión económica, aunque, principalmente, la picaresca, según el exsenador Octavio Granado. Para controlar el coste, el experto apuesta por equiparar los porcentajes de prestación entre enfermedad común y profesional o fomentar la reincorporación gradual.
Granado es el autor tras una de las últimas publicaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Un artículo en el que desgrana los principales desafíos a los que se enfrenta la Seguridad Social. Desde la elevada cuantía de las pensiones de viudedad hasta el mantenimiento de las jubilaciones anticipadas en ciertas profesiones, como maquinistas, estibadores y pilotos. Razón por la que aboga por implementar cambios en la estructura de prestaciones y así fomentar la sostenibilidad financiera del sistema de bienestar.
Entre los puntos en los que el experto fija su atención se encuentran las prestaciones por IT, una de las ayudas en las que más se invierte. Granado analiza la causa del aumento de la aportación gubernamental para su cobertura y reconoce que la presencia de trabajadores de mayor edad no es el motivo principal de este sobrecoste. Es más, la incidencia de bajas no guarda una proporción directa con los sectores profesionales más envejecidos.
Sin embargo, observa que la escalada en la solicitud de esta ayuda coincide con los periodos en los que el desempleo disminuye. Precisamente, esta creció a la salida de la crisis de 2008. Bajo su punto de vista, al haber menor riesgo de perder el puesto de trabajo, se produce un uso discrecional de la baja para otros motivos, como el cuidado de familiares, estrés o como elemento de presión ante las condiciones laborales. Una situación que puede desvirtuar dicha prestación.
Medidas para evitar el efecto de las IT
"Es razonable que los trabajadores con mejor salud sean solidarios con los que la tienen peor, pero no es razonable que lo sean con quienes puedan hacer un uso indebido de la prestación", ha puntualizado Granado. Por ello, propone una serie de medidas para controlar el incremento del gasto en IT.
En primer lugar, el experto propone la equiparación de porcentajes de prestación por patología común y profesional. No hay que olvidar que la cuantía recibida por baja de la segunda es más alta -75 por ciento de base reguladora y se empieza a cobrar desde el primer día-. Por otro lado, propone la habilitación de los procedimientos que permitan la reincorporación gradual al puesto de trabajo. En este sentido, aboga por la compatibilización de la recuperación médica y la vuelta progresiva al empleo.
En caso de bajas por salud mental, el experto exige que las más prolongadas pasen a control de especialistas en esta área. Es más, propone que la rehabilitación sea obligatoria, con el fin de evitar la inasistencia al trabajo y el uso de fármacos. Por su parte, en la atención musculoesquelética, Granado propone que las mutuas colaboradoras atiendan estos procesos. Si los servicios de salud no los contratan, el Estado debe dotarse de medios necesarios para detraer estos costes de financiación sanitaria a las comunidades autónomas.
Asimismo, apuesta por la penalización a los complementos retributivos excesivos establecidos en convenios profesionales. En caso de elevar el gasto en IT, Granado considera que debe aplicarse una cotización superior a empleadores y empleados. Por último, presenta la sustitución de la prolongación reiterada por esta baja médica por incentivos y subvenciones a la cotización que faciliten reubicar al trabajador en otro puesto, especialmente ante problemas emocionales o de adaptación.
Una serie de puntos que podrían aliviar el sobrecoste de estas bajas. Unas ayudas que también comprometen el funcionamiento del proceso asistencial, al denunciar desde Atención Primaria que su elaboración ocupa un tiempo que los facultativos podrían dedicar a los pacientes. Así, apuestan por mayor digitalización del procedimiento o herramientas que permitan que el trabajador no tenga que acudir al centro de salud para la certificación de la IT.