La falta de recursos materiales durante la infancia no solo tiene implicaciones económicas. También afecta en el largo plazo en la salud y en el desarrollo cognitivo de los menores. Así lo advierte el informe Hijos, Ciclo Vital y Pobreza en España: 2008-2025, publicado recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La pobreza afecta a distintos ámbitos de la vida de los menores y condiciona su acceso a la atención sanitaria. En este sentido, la atención dental aparece como uno de los servicios más afectados: el 76 por ciento de los menores que no recibieron atención bucodental cuando la necesitaban no pudieron hacerlo porque sus familias no podían permitírselo.
El dinero eleva una barrera absoluta en el acceso a la atención odontológica
Uno de los datos más alarmantes tiene que ver precisamente con el acceso a la salud bucodental. La Encuesta de Condiciones de Vida revela que, en 2024, un 3,84 por ciento de los menores necesitó asistencia dental, pero finalmente no acudió a recibirla.
La principal barrera fue económica. En el 76,05 por ciento de los casos registrados en 2024, las familias señalaron que no podían permitirse el tratamiento como motivo para no acceder a la atención dental. Se trata de una desigualdad que apenas ha variado en los últimos años. En 2021, el porcentaje de familias que no recibía el tratamiento por problemas económicos se situaba en el 76,43 por ciento. Como consecuencia, la barrera económica continúa limitando el acceso a la atención sanitaria en la población infantil.
En la atención médica general el reto está en la cuestión administrativa
En el ámbito de la atención médica general o especializada, la causa de exclusión es diferente. En este caso, las dificultades de acceso están más relacionadas con el funcionamiento del sistema sanitario que con la capacidad económica de las familias. En 2024, un 2,3 por ciento de los menores necesitó atención médica y no llegó a recibirla.
La principal barrera fue de carácter administrativo. En el 48,73 por ciento de los casos de quienes no recibieron la atención que necesitaban, los menores no fueron atendidos por encontrarse “en lista de espera o no tener volante”. En cambio, el factor económico tuvo un peso mucho menor: solo el 4,91 por ciento de los casos se debió a que la familia “no se lo podía permitir”. Además, este porcentaje ha descendido respecto a 2021, cuando alcanzaba el 15,91 por ciento
Mientras, el informe también pone el foco en las carencias alimentarias, que pueden tener consecuencias directas sobre la salud y el desarrollo de los menores. Los datos de 2024 muestran que una parte de la población infantil no tiene garantizado el acceso a una dieta equilibrada. En concreto, el 2,72 por ciento de los menores vive en hogares que no pueden permitirse consumir con regularidad una comida que incluya proteínas, mientras que el 2,43% reside en familias que no pueden costear un consumo adecuado de frutas y verduras.
Ante esta situación, los autores advierten que "la elevada pobreza infantil en España no puede interpretarse como un efecto mecánico de tener hijos, sino que depende crucialmente del contexto económico y familiar en el que se produce la crianza". En este sentido, señalan que las políticas universales de infancia, aunque necesarias, pueden resultar insuficientes si no se acompañan de medidas dirigidas específicamente a los hogares que afrontan una mayor vulnerabilidad económica, especialmente las familias monoparentales y los hogares jóvenes en las primeras etapas del ciclo vital.
Por tanto, insisten en la necesidad de combinar distintas herramientas: transferencias de ingresos, medidas de conciliación y apoyos específicos para estos hogares. Una estrategia de este tipo no solo contribuiría a reducir la pobreza infantil a corto plazo, sino que también podría desempeñar un papel clave en la prevención de la transmisión intergeneracional de la desigualdad.