Este 1 de octubre se aprobó la Ley 4/2026, que incorpora un nuevo artículo a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. La actualización, centrada en la atención integral y comunitaria, establece los principios básicos que deben orientar la respuesta asistencial y de apoyo a las personas con problemas de salud mental. Ahora, el Ministerio de Sanidad trata de blindar las garantías de las personas usuarias mediante un nuevo desarrollo reglamentario. El departamento de García ha sometido este desarrollo reglamentario al trámite de consulta pública previa. El objetivo es “concretar diversos aspectos contenidos en el artículo 13 bis para garantizar que puedan funcionar de manera efectiva”, según señala el propio texto de la consulta. El plazo de envío de aportaciones permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre.
¿Qué es lo que propone Sanidad?
Con este movimiento, el Ministerio busca solucionar “la necesidad de concretar determinados aspectos” para facilitar su comprensión y aplicación práctica. Más en concreto, se pretende facilitar la aplicación de las garantías legales relativas al consentimiento informado y los apoyos para la toma de decisiones, las actuaciones en situaciones de urgencia y el uso excepcional de medidas de contención, entre otros aspectos. “La falta de desarrollo reglamentario puede generar interpretaciones dispares y dificultades en la implementación efectiva de las garantías previstas en la ley”, argumentan.
En este sentido, insisten en que, si no se lleva a cabo dicho desarrollo reglamentario, la efectividad de las garantías previstas en el citado artículo podría verse comprometida, tanto para las personas usuarias como para los profesionales sanitarios.
Sanidad ha estudiado otras alternativas, como la posibilidad de limitarse a publicar guías y recomendaciones de apoyo, o incluso mantener la situación actual sin aprobar ninguna norma. Sin embargo, ha descartado ambas opciones, al considerar que carecen de la eficacia jurídica necesaria y no evitarían las interpretaciones dispares.
“El desarrollo reglamentario constituye la alternativa más adecuada para dotar de seguridad jurídica a la aplicación del precepto, garantizar una actuación coherente, en el marco de las respectivas competencias, por parte de los distintos agentes implicados y asegurar la efectividad de los derechos y garantías previstos en la ley”, aseguran. Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren ya pueden enviar sus aportaciones a la consulta.