El Servicio Nacional de Salud británico (NHS por sus siglas en inglés) expulsará de sus sistemas y apartará de sus puestos con efecto inmediato a cualquier trabajador sospechoso de consultar historiales médicos sin justificación clínica. Esta política de tolerancia cero, impulsada ante el aumento de intrusiones en datos sensibles, busca frenar una práctica ilegal que también sacude a la sanidad española, donde la fiscalía solicita penas de prisión para el personal sanitario que vulnera la intimidad del paciente.
El director ejecutivo del NHS en Inglaterra, Sir Jim Mackey, ha remitido una directriz urgente a todos los hospitales del país para atajar la escalada de accesos ilícitos detectada durante los últimos meses. La nueva instrucción exige retirar las credenciales de acceso informático y suspender temporalmente de empleo y sueldo a los infractores desde el primer momento en que se inicie una investigación interna. La medida responde a una sucesión de incidentes en los que diversos trabajadores del sistema público consultaron información confidencial sin un motivo médico que respaldara su acción.
Cese fulminante
Las investigaciones internas en los recintos hospitalarios a menudo se prolongan durante semanas. En este periodo de incertidumbre, las gerencias permitían hasta ahora que los investigados continuaran en sus puestos de trabajo. Mackey ha censurado esta laxitud y sentencia que "el sistema no puede mantener en activo a un sospechoso con las claves de red intactas". “Los historiales clínicos contienen información muy privada que las personas jamás compartirían en público, y hemos visto demasiados casos de individuos que abusan de esa confianza”, argumenta el directivo británico para justificar el endurecimiento del protocolo a nivel nacional.
La directiva obliga a los departamentos de recursos humanos a actuar con celeridad extrema ante estos hechos. Si un médico, enfermero o empleado administrativo utiliza los ordenadores del centro para escrutar la base de datos de forma ilegítima, el hospital no se limitará a activar el despido disciplinario. La administración asume la obligación de elevar el caso a los respectivos colegios reguladores para solicitar la inhabilitación del profesional implicado. "Esta decisión implica que el trabajador podría perder su licencia para ejercer la Medicina de por vida en cualquier ámbito asistencial", argumentan desde el NHS.
Rastro digital
El cerco sobre los empleados infractores se estrecha gracias a las auditorías rutinarias implementadas en las redes informáticas del NHS. Cada clic dentro de la historia clínica electrónica genera un registro inalterable que detalla la identidad del usuario, el terminal utilizado y la hora exacta de la consulta. Esta huella digital facilita a las organizaciones sanitarias la detección de movimientos inusuales, como el acceso a expedientes de personas ajenas al cupo de pacientes del facultativo o la revisión de perfiles correspondientes a compañeros de trabajo.
La sanidad británica acompaña este escrutinio técnico con la publicación de nuevas guías de prevención y el lanzamiento de campañas informativas dirigidas a sus plantillas. El objetivo radica en recordar las graves implicaciones de vulnerar el secreto profesional, dejando claro que el anonimato detrás de la pantalla resulta inexistente. "Cualquiera que piense que puede satisfacer su curiosidad mirando el historial de un paciente debe saber que será descubierto y que podría terminar con antecedentes penales", advierte Mackey.
El espejo español
La ofensiva británica contra el espionaje interno encuentra un claro paralelismo en el sistema judicial español, donde la vulneración de la intimidad clínica se persigue bajo el amparo estricto del Código Penal. El celo por proteger la confidencialidad de los datos médicos ha llevado recientemente a la Fiscalía a solicitar hasta cinco años de cárcel para dos sanitarias del Servicio Extremeño de Salud en Badajoz, acusadas de espiar reiteradamente historiales de allegados sin contar con ninguna autorización o vínculo terapéutico.
Este tipo de procesos en España subraya la enorme gravedad jurídica de husmear en el pasado clínico de un ciudadano. La jurisprudencia nacional equipara el acceso indebido de un trabajador público a un delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con penas privativas de libertad e inhabilitación absoluta. La decisión del NHS de cortar por lo sano se alinea a la perfección con esta visión judicial punitiva, marcando una advertencia clara para el sector. A partir de hoy, la mera curiosidad morbosa marca el final de una carrera profesional. "Ya basta", concluye el máximo responsable de la sanidad británica.