Esta semana el Gobierno ha sacado adelante el decreto Maricarmen, el mismo que provocó la disolución de las Cortes Generales, en la Diputación Permanente. Este órgano, que garantiza el poder legislativo durante el periodo electoral, beneficia al Ejecutivo, librándolo del bloqueo que venía encontrándose con la oposición de PP, Vox y Junts en la Cámara Baja. Las previsiones contemplan hasta dos sesiones más. Por el momento, la segunda ya está fijada para el miércoles 18 de noviembre. Será entonces cuando se someta a votación la ampliación de la cobertura de la incapacidad temporal para incluir las patologías vinculadas a la menopausia, la ampliación de ayudas por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) y las ayudas a la Dependencia.
Tal y como ocurrió en la sesión de este jueves, las probabilidades de aprobar estas medidas giran en favor del Gobierno. En la Diputación Permanente, los 350 diputados del Congreso se reducen a 69 miembros. Aunque los escaños se reparten de forma proporcional, esta reducción hace que los partidos minoritarios, que han sido decisivos en las votaciones de esta legislatura, pierdan fuerza. El reparto oficial asigna 27 representantes al PP, 25 al PSOE (24 diputados y uno más para la presidenta del hemiciclo, Francina Armengol), seis a Vox, seis a Sumar y uno a cada uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. En la práctica, las derechas (PP, Vox y Junts) suman 34 y el resto de grupos 35.
¿Qué supone la aprobación de estas medidas?
Así, la próxima semana la Diputación Permanente podrá dar luz verde a las medidas presentadas en los Consejos de Ministros de las últimas semanas. Por un lado, la llamada 'baja por menopausia'. Esta medida busca que las patologías vinculadas a esta etapa pasen a estar entre los supuestos contemplados por la Incapacidad Temporal. En aquellos casos en los que la mujer padezca una patología limitante por un trastorno menopáusico secundario debidamente codificado, reciba asistencia del Sistema Nacional de Salud y esté impedida para trabajar, podrá acogerse a este régimen.
También podrán hacerlo las mujeres víctimas de violencia de género. Ambos supuestos contarán con mayor protección que la Incapacidad Temporal por contingencia común, ya que se cubrirán desde el día siguiente a la baja y no exigirán periodo previo de carencia.
Por otro lado, la ampliación de las ayudas CUME supondrá el mantenimiento de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En concreto, esta cobertura se extenderá más allá de los 26 años en aquellos casos en los que la persona afectada tenga reconocida una dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Por último, el hemiciclo debatirá la norma que garantiza el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió esta medida como un paso más para “la refundación de nuestro sistema de cuidados". De aprobarse, se consolidará una nueva inyección económica y se reducirá a los tres meses el plazo legal para la resolución de los expedientes de las solicitudes para las prestaciones en el sistema de la dependencia.