El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado el tono contra el Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria que ha sufrido el territorio. De hecho, en la comparecencia que ha protagonizado este lunes ha sido contundente y ha agradecido el "esfuerzo sobrehumano" que se ven "obligados" a realizar los sanitarios que prestan sus servicios.
Incluso ha respaldado las quejas de los médicos ceutíes. "Llevan razón los médicos, los sanitarios, los enfermeros y todo el colectivo que denuncia precariedad de medios, de incentivos y estímulos", ha reconocido. Unas declaraciones que ha emitido en respuesta a las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que admitió este domingo que Ceuta vive una "crisis humanitaria", aunque negó que haya "colapso sanitario". "Quien tiene que dar respuesta a esto es el Gobierno de España", ha afeado Vivas.
Según ha asegurado el presidente ceutí, "el 27 de julio se avisó de la entrada irregular de inmigrantes", pero el Ejecutivo central dijo que "era lo de todos los veranos": "Esto es consecuencia de una invasión y de mantener en una situación de estrés a una ciudad así".
Condiciones sanitarias de los inmigrantes
Eso sí, ha afirmado que la principal responsable de la situación y las condiciones de los inmigrantes es la ministra de Sanidad "como miembro de un gobierno que tiene la obligación de atender eso". "Me parece lamentable que hayamos tenido que tener esta crisis para que esta señora se dignara a venir a Ceuta a justificar por qué se está incumpliendo el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de Ceuta. Tenía unos objetivos estratégicos que atender y uno de ellos era garantizar la igualdad de los ceutíes en el ámbito de los servicios esenciales, es decir, en la sanidad", ha afeado Vivas.
Asimismo, ha puntualizado que a los ciudadanos de Ceuta no les gana nadie "en actitud humanitaria". Aun así, ha añadido que los inmigrantes irregulares que entraron en la ciudad autónoma a finales de julio deben ser retornados: "Mientras tanto, que sean atendidos, pero ya".
De hecho, el líder autonómico ha dado un plazo de 30 días -desde que comience el retorno- al Ejecutivo central para que todos vuelvan a su país de origen. "El Gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para que, si quiere, Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días cumpliendo con la ley y lograr que todas las personas que entraron los días 30 y 31 de julio vuelvan a Marruecos", ha apuntado. Si no se cumple ese plazo, Vivas recurrirá a las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos. Concretamente, explicará la situación de Ceuta a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. "Respetaremos en todo momento la independencia del poder judicial", ha anotado.