El año pasado tuve la oportunidad de comparecer ante el Parlamento Europeo, en representación de la Organización Médica Colegial de España, bajo la Presidencia de Tomás Cobo, y el respaldo de los Colegios de Médicos de Ceuta y Melilla, para exponer ante la Comisión de Peticiones (PETI) la situación "crítica"; entonces del Ingesa en ambas ciudades autónomas. Aquella comparecencia, en abril de 2025, daba continuidad a una petición presentada ya en el año 2023 (petición n.º 0742/2023), en la que se expuso con detalle, lo que los médicos e instituciones sanitarias llevaban años reclamando sin respuesta: una huelga sanitaria indefinida que se prolongó durante más de un año en Atención Especializada, 061, SUAP y Atención Primaria -y que, aunque finalmente se dio por finalizada, no vino acompañada de ninguna solución estructural-, una plantilla envejecida y en fuga constante -solo en un semestre, se contabilizaba que catorce médicos habían abandonado Melilla, entre ellos la única dermatóloga de la ciudad-; la ausencia de unidades básicas como radioterapia o hemodinámica, que obligaba a evacuar pacientes a la Península en plena urgencia; y un Real Decreto, el 118/2023, que declaraba Ceuta y Melilla áreas de difícil cobertura sin que, más de tres años después, se hayan materializado las medidas que habilitaba.

Por eso, cuando la práctica totalidad de los medios de comunicación recogen las declaraciones de la ministra de Sanidad negando que exista colapso sanitario en Ceuta, en una ciudad, que igual que Melilla, convive con el riesgo permanente de nuevas llegadas masivas de personas migrantes, permítanme la incredulidad. No hace falta esperar a que ese riesgo se materialice de nuevo para hablar de colapso. Quienes llevamos años acompañando jurídicamente a los médicos de Ceuta y Melilla sabemos que el sistema estaba ya al límite mucho antes de que la presión migratoria se agravara. Negarlo ahora no es optimismo institucional: es no querer mirar lo que ya se puso, con detalle jurídico, sobre la mesa del Parlamento Europeo.

Conviene no confundir los planos. Que la presión migratoria agrave la situación asistencial de Ceuta, que evidentemente la agrava, no significa que sea su causa, ni su desmentido borra lo que ya era, de por sí, insostenible. Quienes hoy niegan el colapso sanitario -o lo atribuyen únicamente a la llegada de migrantes- olvidan, o prefieren olvidar, que el deterioro de la sanidad ceutí es muy anterior y, sobre todo, estructural.

Jurídicamente, el argumento no es una opinión más: se sustenta en la vulneración de normas concretas, tanto nacionales como europeas. El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud, y el artículo 139 exige que todos los españoles tengan los mismos derechos en cualquier parte del territorio; principio que reitera, para el ámbito sanitario, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En el plano europeo, se denunció y sigue abierta la petición ante el PETI que la sobrecarga de guardias y la ausencia de descansos de los facultativos de Ceuta y Melilla comprometen la Directiva 2003/88/CE sobre ordenación del tiempo de trabajo, y que la situación afecta a derechos reconocidos en los artículos 31 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión -condiciones laborales justas y protección de la salud-, así como al principio de cohesión territorial del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y aunque el artículo 168 del propio Tratado reserva a los Estados miembros la organización de sus sistemas sanitarios, ese reparto de competencias no exime a la Comisión Europea de su obligación de velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión cuando, como aquí, existen indicios de infracción sistemática y continuada. A ello se suma una cuestión no menos preocupante: la posible ineficiencia en la gestión de los fondos europeos destinados a reforzar estos sistemas sanitarios -entre ellos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el programa EU4Health-, cuya ejecución efectiva en Ceuta y Melilla es, cuando menos, cuestionable.

A esta vulneración normativa se suma ahora la invasión de más de 80.000 personas en una sanidad que, sin cambios desde 2025, ya estaba al límite. De ellas, más de 10.000 permanecen hoy en la ciudad de Ceuta, 1.898 ya identificadas como menores: una auténtica emergencia humanitaria que, mal gestionada, acaba convertida en una emergencia sanitaria, tal y como ha advertido Abarca Cidón.

Ese es el sistema que hoy convive, además, con el riesgo permanente de nuevas llegadas masivas de migrantes. Y por eso cabe preguntarse justo lo contrario de lo que afirma la ministra: ¿cómo no va a haber colapso en un sistema que ya estaba al límite de sus fuerzas cuando se le añade, de golpe, una demanda asistencial de esta magnitud? Decir hoy que no hay colapso no hace que el colapso desaparezca; solo aplaza el momento en que alguien -probablemente los propios facultativos, de guardia y sin refuerzos- tendrá que asumirlo. Lo que algunos presentan como una simple consecuencia coyuntural de la inmigración es, en realidad, la culminación de un abandono institucional que empezó mucho antes y que el Estado -a través del Ingesa, de gestión directa y no transferida a la ciudad autónoma- lleva más de tres años sin corregir.

Decirlo con claridad no resta importancia a la emergencia humanitaria que se vive ahora mismo en la ciudad, que exige una respuesta inmediata, coordinada y digna. Al contrario: es evitar que esa emergencia se utilice como coartada para no afrontar un problema que ya era grave antes de que llegara un solo migrante más, y que sigue pesando, en primer término, sobre los hombros de los médicos de Ceuta y Melilla: la falta de personal, la ausencia de incentivos reales para cubrir las plazas vacantes, la penalización económica que aún sufren quienes compatibilizan la sanidad pública y privada en Ceuta y Melilla -suprimida ya en el resto de comunidades autónomas-, y una desigualdad asistencial con el resto del territorio nacional que ninguna norma ampara.

Ceuta necesita hoy dos respuestas distintas y urgentes, que no se sustituyen la una a la otra. La primera, gestionar con humanidad y con medios la emergencia migratoria que tiene encima, para que no se convierta -como ya está ocurriendo- en una emergencia sanitaria añadida sobre unos profesionales exhaustos. La segunda, que el Ministerio de Sanidad, a través del Ingesa, cumpla de una vez las medidas que él mismo aprobó hace más de tres años para reforzar la plantilla médica de la ciudad, y que la Comisión Europea, como se ha solicitado, evalúe si nos hallamos ante una infracción estructural del Derecho de la Unión, incorpore esta situación a los informes del Semestre Europeo con un cronograma de acción, e interpele directamente al Estado español sobre las medidas efectivamente aplicadas.

Ceuta y Melilla forman parte indisoluble del Estado español y de la Unión Europea. Sus ciudadanos y sus profesionales sanitarios tienen derecho a que se les apliquen las mismas normas, con las mismas garantías y con la misma eficacia que en el resto del territorio. Cuando esto no ocurre, el Estado de Derecho se debilita y la confianza institucional se erosiona. Es hora de restituir ambos, antes de que la próxima emergencia -sanitaria, migratoria, o las dos a la vez- nos vuelva a encontrar sin haber corregido lo que ya sabíamos roto.