La llegada de nuevos fármacos contra la obesidad, como Wegovy en su versión oral, ha vuelto a poner el foco en la importancia del abordaje multidisciplinar de la obesidad y en una reivindicación histórica de los dietistas-nutricionistas: su incorporación estructural a la sanidad pública. Aunque los nuevos tratamientos amplían las opciones terapéuticas, el colectivo insiste en la necesidad de acompañar la pérdida de peso de una adecuada atención nutricional y educación alimentaria. "La pregunta es quién se va a ocupar de ese seguimiento; no de la prescripción del fármaco, que corresponde a los médicos, sino de la alimentación y de la actividad física", plantea Luis Morán, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.
El especialista recuerda que, pese al reconocimiento de la figura como profesión sanitaria en 2003, el colectivo lleva años reclamando criterios comunes que garanticen su incorporación efectiva al sistema público. Una integración que consideran "una inversión en salud". "Nosotros reducimos de forma anexa el gasto farmacéutico; si se llega a utilizar menos medicación gracias al tratamiento nutricional, es un gasto menos para el Sistema Nacional de Salud", defiende Guillermo Bargues, enfermero y dietista-nutricionista.
Pero los pasos, denuncian, avanzan despacio. Los profesionales hablan de una "lista de espera legislativa", marcada por el retraso de las reuniones ministeriales y la falta de voluntad política de las autonomías para crear plazas. Una situación que, a su juicio, perpetúa un modelo asistencial que sigue sin dar suficiente espacio a la prevención y la intervención nutricional.
El reto del tratamiento: mantener los resultados más allá del fármaco
El tratamiento farmacológico contra la obesidad puede contribuir a una pérdida de peso significativa, pero sus efectos deben acompañarse de cambios en los hábitos alimentarios y un seguimiento a largo plazo. La reducción del apetito y de la ingesta que producen estos medicamentos también obliga a prestar atención a la calidad nutricional de la dieta, especialmente para evitar una pérdida excesiva de masa muscular y garantizar el aporte necesario de proteínas y micronutrientes.
Luis Morán suele utilizar en consulta una comparación para explicar por qué considera importante este trabajo durante el tratamiento. "El fármaco es como una muleta para empezar a caminar tras una lesión, pero si por el camino no aprendes a andar sin ella, cuando la sueltes te vas a caer al sofá", ejemplifica. En este sentido, advierte de que reducir las cantidades de comida no debe traducirse en una alimentación deficiente. "Lo poquito que comamos tiene que ser nutritivamente adecuado; si no, al final es un roto para un descosido", recalca el presidente del Consejo General.
En este abordaje, los dietistas-nutricionistas reivindican su aportación específica en la educación alimentaria y el cambio de hábitos. Guillermo Bargues insiste en que su labor va más allá de elaborar pautas dietéticas y pone el foco en la atención individualizada y el componente conductual. "No estamos para dar la dieta de papel sacada de un cajón, sino para individualizar el tratamiento y reconducir la relación y los sentimientos que tienes con la comida", apunta. Un trabajo que también permite identificar dificultades relacionadas con la conducta alimentaria y detectar posibles problemas que requieran la intervención de otros profesionales especializados.
Un mapa muy desigual entre las autonomías: "Seguimos en una lista de espera legislativa"
Bajo ese contexto, ambos defienden que la figura del dietista-nutricionista debe tener un espacio definido dentro del equipo multidisciplinar. Aunque la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) reconoció la titulación en 2003, la creación de plazas públicas ha quedado supeditada a las decisiones de cada gobierno autonómico.
Bargues conoce de cerca la brecha asistencial que se ha ido creando, incluso dentro de su propia región. Explica que, aunque comunidades como la Comunidad Valenciana o Cataluña cuentan con profesionales en el ámbito hospitalario, en la Atención Primaria valenciana "directamente no existen". Una carencia que ilustra con la desproporción entre la oferta y la demanda real. "La población necesitaría a lo mejor un profesional por cada 50.000 tarjetas sanitarias, pero la realidad es que a lo mejor solo hay uno por cada 500.000", señala.
Por su parte, Morán exige que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tome cartas en el asunto, elabore un mapa de implantación homogéneo y evite que la asistencia nutricional dependa del código postal. "Ya viva en Málaga o en Pontevedra, cualquier ciudadano español debería poder acudir a este profesional sin que existan pacientes de primera y de segunda", defiende el especialista.
A nivel institucional, las negociaciones para una regulación que garantice su incorporación siguen pendientes. Según explica Morán, Sanidad mantiene aparcadas las reuniones solicitadas por el Consejo General debido al borrador de la nueva ley de ordenación y la actualización de las autorizaciones de centros. Lo que deja a los colegios profesionales en una suerte de "lista de espera legislativa", mientras cada autonomía libra la batalla por su cuenta. "La oferta pública más reciente era de una única plaza en Ceuta", señala con cierto sarcasmo.
Una inversión para la salud del futuro
Para el colectivo, el avance de los tratamientos contra la obesidad también reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y la inversión en prevención. "Es lo típico: más vale prevenir que curar", resume Morán. El presidente del Consejo General advierte de que las estrategias institucionales siguen teniendo una asignatura pendiente en este ámbito. "Falta esa prevención. El paciente dice: "Vale, quiero poner solución, pero ¿cómo lo hago?". Pues mire, tiene que hacerlo así. Falta esa pata de la mesa", señala. A este vacío asistencial se añade una brecha socioeconómica que, según denuncia, condiciona el acceso a la atención nutricional. "El que puede, va; el que no, no va. Y las tasas de obesidad son más altas en los estratos más bajos. A quien más falta le hace, no puede permitírselo porque no puede pagarlo", afirma.
Por ello, Morán defiende un lema que para el colectivo "no es un eslogan vacío", sino una reivindicación que, asegura, cuenta con respaldo en estudios de coste-beneficio. "Somos una inversión en salud. Hay muchos estudios sobre el coste-beneficio de incorporar dietistas-nutricionistas a los hospitales y cómo reducen tratamientos, estancias y reingresos", señala el sanitario, que sitúa la falta de plazas como un problema de voluntad política.
En la misma línea, Bargues defiende que la intervención nutricional puede contribuir a reducir la factura sanitaria. "Nosotros reducimos de forma anexa el gasto farmacéutico. La medicación es necesaria, pero si gracias al tratamiento nutricional se llega a utilizar menos, es un gasto menos", apunta. Lejos de buscar privilegios, el sanitario valenciano reclama encajar de forma estructural en la rutina asistencial. "Somos una pieza más en el engranaje, como Enfermería o Medicina. No queremos estar por estar, sino porque sabemos que somos útiles. Ahora solo hace falta que los gestores den al botón y nos lancen para hacer nuestro trabajo", concluye.
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