La tecnología avanza. En el ámbito neurológico, se multiplican los métodos y dispositivos capaces de medir, estimular e incluso modificar la actividad cerebral. Esto abre nuevas posibilidades para colectivos vulnerables y personas con discapacidad, ya que los servicios digitales amplían su capacidad de acceso y comunicación.
Sin embargo, también hay una cara B. El desarrollo de estas tecnologías plantea nuevos riesgos: la recopilación de datos biomédicos se está acelerando, y esto plantea importantes desafíos en materia de privacidad y gobernanza. Un reciente informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) marca la hoja de ruta para impulsar estos avances sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Así, hay un foco claro: la supervisión continua.
Entre el freno a la innovación y el riesgo para el paciente
La neurotecnología ya no se limita al ámbito médico. Aunque sus aplicaciones terapéuticas siguen siendo una de sus áreas principales, estas tecnologías se están extendiendo también al bienestar, el trabajo y el consumo. A través de dispositivos capaces de registrar la actividad cerebral es posible obtener cada vez más información sobre el funcionamiento del cerebro. El avance de la inteligencia artificial permite, además, interpretar estas señales y extraer información sobre estados emocionales, niveles de concentración, intenciones o determinados perfiles de salud.
Y aquí hay un problema: buena parte de estos datos se generan de forma involuntaria y sin que la persona sea plenamente consciente de lo que está revelando. Estos datos pasan por distintas fases: primero se registra y limpia la señal cerebral; después se analiza para obtener información sobre la actividad del usuario y, finalmente, puede utilizarse para tomar decisiones o activar determinadas funciones. Cuanto más se procesa esta información, mayor puede ser su valor, pero también aumentan los riesgos para la privacidad y la posibilidad de que estos datos sean utilizados de forma indebida o discriminatoria.
Cada vez es más fácil el acceso a información sensible, por lo que urge poner un límite al uso de estos datos. Pero el engranaje de esta regulación no es baladí. Se abre la dualidad entre poder frenar la innovación biomédica útil por exceso de carga burocrática o dejar desprotegidos usos de alto riesgo en el ámbito no médico. Para superar el debate, la OCDE marca cinco líneas de acción: aclarar cómo deben clasificarse y protegerse los neurodatos; facilitar la autorización y supervisión de dispositivos médicos que incorporan inteligencia artificial; impulsar infraestructuras que permitan compartir datos de forma segura e interoperable; reforzar la cooperación entre reguladores, empresas, investigadores y expertos en ética; y adaptar los procesos de homologación a dispositivos destinados exclusivamente a la investigación y a tecnologías que evolucionan mediante actualizaciones de software.
Para labrar una regulación capaz de adaptarse al ritmo de la neurotecnología sin dejar atrás la protección de las personas se necesitan tecnologías capaces de preservar la privacidad y, a su vez, procesos de autorización más flexibles para dispositivos que incorporan mejoras de software, de modo que cada actualización no implique necesariamente repetir todo el proceso de certificación.