La vuelta a las urnas llega a la sanidad española. El anuncio llegaba a primera hora del lunes tras varios días de reflexión como consecuencia del estallido de la crisis de la vivienda. Desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre. Ese movimiento ha provocado un huracán en todos los sectores, incluida la sanidad privada. El presidente de la patronal a nivel nacional, José Manuel Baltar, es uno de los actores que analiza este nuevo escenario. "Al nuevo Gobierno le pediría una descarga de ideologías del ámbito sanitario", desvela a Redacción Médica. El portavoz de ASPE se refiere así a la politización del conjunto de la sanidad, si bien no es la única idea que comparte con este periódico. Precisamente, también analiza el futuro de una de las leyes más controvertidas en el sector privado, la Ley de Gestión Pública en el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya tramitación parlamentaria se ha visto paralizada por los comicios adelantados.

La maquinaria electoral ya está en marcha. Mientras los distintos partidos políticos preparan sus respectivos programas electorales, la sociedad reflexiona sobre unas elecciones anticipadas que llegan tras la fallida votación de dos decretos vinculados a la vivienda. El poder adquisitivo y la situación de los jóvenes a la hora de adquirir o alquilar un inmueble ha provocado una vuelta a las urnas anticipadas para las que Sánchez ya ha avanzado que busca una mayoría progresista. Sin embargo, habrá que conocer los resultados de ese 29 de noviembre para determinar el futuro político, y por tanto sanitario, de España.

Los efectos de las elecciones en la sanidad privada

La sanidad privada es uno de los sectores que ya ha clamado por la seguridad jurídica en estos momentos. "Espero que no haya efectos", apunta Baltar a Redacción Médica sobre las posibles consecuencias de esta convocatoria para el sistema sanitario privado. De hecho, el presidente de ASPE ha lidiado con diversos debates desde su llegada a la cúpula directiva de la patronal el pasado abril. Ejemplo de ello es la tramitación de la Ley de Gestión Pública, que pretende acotar la influencia de los grupos hospitalarios en la sanidad pública, o la renovación del Estatuto Marco, que ha ocasionado una huelga médica indefinida que ahora se ha visto aplazada.

Estos son algunos de los retos que ha encarado el exconsejero canario al frente de ASPE. Si bien, ahora vivirá unas elecciones generales anticipadas sobre las que hace diversos apuntes. "Es un momento magnífico para que la gente manifieste lo que considere respecto al futuro de este país y quién debe dirigirlo", sentencia sobre esta vuelta a las urnas que, en lo que a política sanitaria se refiere, se espera intensa.

Con el 29 de noviembre a la vista, un calendario electoral definido con miras al próximo 23 de diciembre (cuando se constituirían de nuevo las Cortes), el presidente de la patronal de la sanidad privada reflexiona sobre el futuro del sistema sanitario. "Al nuevo gobierno le pediría una descarga de ideologías del ámbito sanitario porque determinados prejuicios que se viven ahora respecto de las titularidades de las empresas sanitarias, sean públicas o privadas, lo único que hacen es restarle capacidades de asistencia para los ciudadanos de este país", sentencia sobre sus solicitudes como presidente de ASPE.

Baltar no duda, y pone el foco en los pacientes. "Mientras la financiación sea pública, el ciudadano lo que quiere es recibir asistencia sanitaria y eso es lo importante", aclara.

¿Qué va a pasar con la Ley de Gestión Pública?

La convocatoria de elecciones adelantadas supone un bloqueo para varias normas de gran calado. El Estatuto Marco, una de las grandes apuestas de Mónica García, queda paralizado. Cabe recordar que esta reforma de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios ha sido el punto de fricción entre el Ministerio de Sanidad y los médicos, esencialmente por la falta de una guía propia para los facultativos, lo que ha llevado a la convocatoria de distintos paros en los últimos meses, y al anuncio de una huelga médica indefinida para el próximo 28 de octubre. Sin embargo, la vuelta a las urnas ha aplazado esta última fecha.

Otra de las normas que queda en el aire es la Ley de Organizaciones de Pacientes, que ha contado con un debate propio en los últimos tiempos. Asimismo, en stand by vuelve a estar la Ley de ratios enfermeras, que ha resurgido y ha vuelto al cajón del Congreso de los Diputados en más de una ocasión en estos años de legislatura.

La Ley de Gestión Pública, que busca limitar la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS), es uno de los proyectos 'estrella' de Mónica García que queda paralizado. La norma cuenta con el rechazo del sector sanitario privado, ya que tanto médicos como los distintos organismos se han mostrado contrarios a la tramitación de esta ley. Ahora, José Manuel Baltar evalúa el bloqueo en la tramitación de este plan como consecuencia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Estaba convencido de que, tal cual estaba, tenía pocos visos de poder avanzar", comenta a lo largo de la conversación con Redacción Médica. Incluso, el presidente de ASPE ya habla del destino que puede tener esta norma: "Si decae, empezará una nueva etapa con los nuevos que vengan al Ministerio".

Ese destino que podría definirse en los próximos meses es el que dibuja Baltar. "Espero un futuro de colaboración público-privada y un futuro en el que todos aportemos todo lo que podemos aportar para solucionar los problemas de los ciudadanos", menciona haciendo referencia a la necesidad de unir los dos sistemas sanitarios.