Redacción. Santiago de Compostela.
La Consejería de Sanidad y la Fiscalía Superior de Galicia han suscrito un convenio de colaboración con el fin de simplificar y favorecer la denuncia de agresiones contra el personal de los centros sanitarios gallegos. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha resaltado que se trata de "proporcionar un clima de seguridad y tranquilidad" a estos profesionales que les permita desarrollar "en condiciones óptimas" su trabajo y "generar en la sociedad un efecto educador de repudio" de estos acontecimientos.
Además, el convenio pretende estimular la denuncia de estos incidentes y "favorecer que se pueda denunciar" para que este tipo de comportamiento "llegue documentado a un órgano judicial". Con ello, Varela ha recalcado que se pretende "erradicar un comportamiento tan poco cívico y perjudicial para estos profesionales".
Por su parte, el Sergas asume el compromiso de crear canales y protocolos de actuación para informar y asesorar a los trabajadores sobre lo que tienen que hacer cuando sucede un incidente, según ha explicado la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera. También ha indicado que se colabora con la Universidad de Santiago en la prevención de la violencia en los distintos programas de formación de profesionales sanitarios.
Según la consejera, en el primer semestre de 2012 hubo 111 incidentes frente a los 162 registrados en el mismo periodo de 2011, lo que supone un descenso de un 30 por ciento. También ha resaltado que en los seis primeros meses de este año resultaron afectados 142 trabajadores frente a los 213 del primer semestre de 2011, lo que implica una reducción del 33 por ciento. Según datos del Sergas, disminuyó también la gravedad de los incidentes ya que las lesiones que requirieron baja médica descendieron de un 6 a un 4 por ciento.
La titular de Sanidad ha explicado que la mayoría de incidentes se refieren a agresiones verbales y que físicas "hay muy pocas". "Lo que se llega a denunciar es un 14 por ciento de agresiones", ha aseverado. En relación a las motivaciones de estas agresiones, Mosquera ha comentado que "no hay una causa" y que los 111 casos contabilizados no dan para "hacer una estadística que sea significativa". "La casuística es muy variada y las agresiones pueden proceder del propio paciente o de los familiares más cercanos", ha aclarado. El colectivo más afectado por estos incidentes en atención primaria son los médicos, mientras que en especializada es el personal de enfermería.
"El resultado que queremos conseguir con este convenio es que los profesionales se sientan en un ambiente lo más seguro posible” y que “cuando se produzca algún tipo de agresión los trabajadores se sientan apoyados por la institución para hacer la denuncia consiguiente", ha resaltado. Mosquera ha recordado que llevan tiempo trabajando en implementar la seguridad de los trabajadores con diferentes medidas, como el botón de alarma, siendo los servicios de urgencias el lugar donde se produce el mayor número de agresiones, así como en las unidades de salud mental. "Esto tiene un efecto disuasorio", ha considerado. "Lo primero que pretendemos es prevenir", ha incidido, para añadir que también se ha mejorado "mucho el registro de casos".
"La Justicia tiene que tener conocimiento de la situación para que el sistema penal se ponga en marcha", ha explicado el fiscal, quien ha lanzado el mensaje de "no quede ningún acto de estos sin denunciar porque el mensaje al agresor puede ser que no tienen respuesta penal" y, por lo tanto, "disuadir de reiteración de este tipo de comportamientos".
El fiscal ha explicado que en función "de la gravedad" pueden constituir un delito o una falta, o en su vertiente más grave, un delito de atentado contra autoridad, penado con entre dos y cuatro años de prisión y de uno a tres años en el caso de atentado contra un funcionario público.