Redacción. Santiago de Compostela
Los atrasos en la atención a la dependencia y otros incumplimientos vinculados con la ley que la regula acaparan la mayor parte de las quejas en el área de servicios sociales que recibió en 2011 el Valedor do Pobo, institución que ha constatado que se mantiene “la disfunción” en la aplicación de esta ley y que los atrasos “continúan y, en algunos casos, se hacen aún más prolongados”.
Según recoge el informe presentado por el titular de la institución, Benigno López, la falta de cumplimiento de las previsiones de la Ley de Dependencia dio lugar en 2011 a un total de 171 quejas, sobre todo derivadas de los “abundantes atrasos” que afectan a los dependientes severos y moderados.
Consciente de que la aplicación de las políticas de dependencia “requiere de un gigante esfuerzo presupuestario”, el valedor ha señalado con satisfacción que la administración mejora, al menos, en sustituir las prestaciones económicas por las de servicios, una demanda que la institución abandera “desde hace años”.
Asimismo, propone que la atención a los afectados sea tratada de una forma “mucho más dinámica”, como servicio público “ágil con evaluaciones periódicas y dispensación de prestaciones casi inmediata”.
Listas de espera en sanidad
Por otra parte, el Valedor ha constatado que durante 2011 las listas de espera descendieron en sanidad para consultas de especialidad con carácter general, con “excepciones” como el caso de Vigo, “donde un año más”, ha manifestado López, “se silencian las estadísticas” del centro concertado Povisa.
También ha destacado como significativo los datos correspondientes a este hospital en lo que respecta a la espera estructural quirúrgica, que revelan que casi el 50 por ciento de los enfermos registran “esperas superiores a los seis meses”.
Al margen del “conflicto habitual” de Povisa, el informe del Valedor también se hace eco de que la aplicación de la nueva normativa para otorgar tarjetas sanitarias “desconcertó a numerosas personas” que se dirigieron a la institución “tras saber de la anulación de sus dispositivos y ver limitado su acceso” a servicios. Tras conocer los detalles de la misma, el Valedor instó a Sanidad a actuar “con cautela y prudencia” a la hora de aplicar medidas de este carácter.