Una cosa es la  defensa de la gestión pública en sanidad y otra cosa el ataque gratuito a la iniciativa privada. El documento con propuestas que ha presentado la Marea Blanca de Castilla-La Mancha mezcla ambas cosas y otras cuantas cosas más, como una crítica de brocha gorda a las unidades de gestión clínica, la reivindicación de mejoras laborales, o el rechazo a los tratados de libre comercio TTIP y CETA, en un ‘totum revolutum’… o al menos así lo han explicado sus portavoces. En una economía de mercado a nadie le debería extrañar que haya “laboratorios privados” o empresas sanitarias de otro tipo fuera del sector público. Lo malo sería lo contrario. Tampoco parece muy serio despachar las unidades de gestión clínica –que ni siquiera se han llegado a implementar en Castilla-La Mancha– diciendo que responden a meros criterios economicistas.