Usar los ambulatorios como centros de votación ha sido una instrumentalización de la sanidad catalana para permitir una acción que no tiene nada que ver con lo sanitario, algo abiertamente ilegal incluso en la propia normativa regional. Son las leyes catalanas las que instan a que estos centros sean utilizados únicamente a cuidar de la salud de los ciudadanos, que pueden haber visto como la calidad de la atención ha estado afectada por los acontecimiento de este primero de octubre.