Al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se le acaba el tiempo para entregar la fianza de 5,25 millones de euros que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos para la organización del referéndum del 9-N de 2014. Para evitar un embargo de todos sus bienes –ya que Mas asegura no disponer de tanto patrimonio– el político ha intentado cobrar el seguro de responsabilidad civil que la Generalitat tiene contratado con SegurCaixa Adeslas. La respuesta de la aseguradora ha sido negativa ya que este seguro, evidentemente, está dirigido a otros fines –como la cobertura ante reclamaciones contra los trabajadores sanitarios u otros empleados públicos– y no para proteger a un mandatario que organizó una consulta ilegal.