Podemos pide saber cómo se transferirá la sanidad penitenciaria a las CCAA

Han pasado más de 14 años desde que entrara en vigor la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En ella se establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias deben de ser transferidos a las comunidades autónomas. Un reglamento que todavía no ha ocurrido dentro del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, esta misma semana el grupo parlamentario en el Congreso, Unidos Podemos, ha registrado dos preguntas en las que apremia al organismo dirigido por María Luisa Carcedo a llevar a cabo esta disposición que, hoy en día, solo cumplen País Vasco y Cataluña. En su pregunta registrada ante la mesa de la Cámara Baja, los de Pablo Iglesias se preguntan cuándo va a proceder el Gobierno central a designar sus representantes en la Junta de Transferencias a fin de poder continuar la necesaria negociación para culminar el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria de las CCAA.

Concretamente, los diputados de la formación morada se centran en su argumentarío de motivos en la situación de la Comunidad Foral de Navarra pero a tenor de ser una situación similar en todas las CCAA podría extrapolarse al resto. “¿Cuáles son la hoja de ruta y las condiciones del Gobierno para proceder a la transferencia de la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra impuesta por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud?”, se preguntan desde el grupo parlamentario.

Necesidad reconocida por "agentes profesionales, sociales y sindicales"

En su contextualización de motivos, Podemos asegura que la urgencia en la trasferencia de competencias es “un clamor prácticamente unánime entre todos los agentes profesionales, sociales o sindicales relacionados con la materia y es también una necesidad reconocida por todos los grupos políticos”. Además, los diferentes partidos políticos han reprobado en muchas ocasiones, en órganos como el Senado y el Congreso de los Diputados, devolver estas competencias a las comunidades autónomas.

Por último, en todos los parlamentos autonómicos en los que se ha presentado una moción o proposición no de ley en el sentido de instar al respectivo gobierno autonómico para que asuma el traspaso en cuestión han aprobado, por unanimidad, la correspondiente iniciativa. Así ha ocurrido en el seno de los parlamentos autonómicos de Valencia, Navarra, Extremadura, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-León, Andalucía, Baleares y Murcia.