El organismo se declara incompetente para pronunciarse sobre una supuesta vulneración del derecho al honor e intimidad

Igualdad no ve sesgo machista en la carta de Pérez Raya contra Sáez
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.


06 jul 2021. 19.40H
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El Instituto de las Mujeres ha considerado que “no procede” tramitar la denuncia interpuesta por la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez, contra el Consejo General de Enfermería (CGE) ante el Ministerio de Igualdad. A través de una resolución a la que ha tenido acceso Redacción Médica, el organismo rechaza una posible discriminación por razón de sexo, si bien indica que el relato de Sáez incluye “comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito” por parte de la organización que preside Florentino Pérez Raya.

El pasado mes de marzo, Sáez remitió al Instituto de las Mujeres, dependiente del ministerio que encabeza Irene Montero, una denuncia por discriminación por razón de sexo por parte del CGE. En ella se hacía referencia a una circular, firmada por Pérez Raya y remitida a los presidentes colegiales, donde se refería a ella por su presunta vinculación sentimental con el presidente de otra entidad colegial enfermera.

Sobre el escrito presentado, el Instituto de las Mujeres considera que “no se desprende que en las actuaciones e insinuaciones sobre usted del Consejo General de Enfermería se esté produciendo una discriminación por razón de sexo, pudiendo el caso haber afectado indistintamente a un varón, por lo que no procede su tramitación/canalización administrativa”.


Posible comportamiento “constitutivo de delito”


En base al relato de la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, el organismo dependiente del Ministerio de Igualdad indica también que “al parecer, se han producido comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito aunque, según su propio relato, ya han sido denunciados”. 

“Este organismo no tiene competencia para realizar la investigación de los hechos que relata, ni la posibilidad de adoptar medidas al respecto, como solicita en su denuncia”, finaliza el escrito, que remite a los tribunales la decisión sobre una supuesta vulneración al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

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