El Supremo amplía la exclusión de la sanidad pública a más funcionarios

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno de Canarias en su denuncia de los conciertos de 1985, 1986 y 1995 que le obligaban a ofrecer asistencia sanitaria a los afiliados a la Mutualidad General Judicial (Mugeju)y a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).
 
Una segunda sentencia del alto tribunal y que alude a Mugeju y a Muface se suma a la que hace ocho días dejaba sin cobertura en la sanidad pública a los mutualistas del Isfas. El Supremo da la razón a la comunidad autónoma y viene a decir que funcionarios, militares y guardias civiles, en su condición de mutualistas, deben acudir a clínicas privadas concertadas con estas mutuas y no al Servicio Canario de Salud (SCS).
 
Con esta decisión, el alto tribunal estima los recursos presentados por la comunidad autónoma en 2012 y revoca una sentencia anterior dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había dado la razón a la Administración General del Estado, al entender que Canarias no tenía la suficiente motivación en su pretensión de no atender a los mutualistas en su sanidad pública.