La reciente aprobación, en Consejo de Ministros, del real decreto de identificación de mascotas viene a blindar una práctica ya asumida por los profesionales españoles de la sanidad animal. “Lo que faltaba era este reconocimiento a nivel nacional para ir en sintonía con Europa”, recalca la presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez, quien, en cualquier caso, enfatiza las virtudes de una norma destinada no solo a impedir el abandono de mascotas sino también a luchar contra el tráfico ilegal, evitar la propagación de enfermedades transmisibles y facilitar la información sobre el origen de los animales.
En declaraciones a Redacción Médica, Domínguez incide en que el impacto de la aprobación del real decreto sobre la actividad de los veterinarios será limitada dado que son estos mismos profesionales los que han ido “impulsando la obligatoriedad de la identificación” en sus centros. “El avance que se ha dado en España es el de adaptarse a esa normativa europea, pero hay países a los que les queda mucho para estar a nuestro nivel -asevera-. Somos punteros a nivel internacional”.
La veterinaria enfatiza que el efecto más inmediato de esta homogeneización normativa radica en un mayor control epidemiológico y de salud pública. En este sentido, destaca que estos microchips implantados obligatoriamente antes de los dos meses de vida no constituyen solo una herramienta para recuperar animales perdidos sino también de rastreo sanitario.
Coto al tráfico ilegal de animales
Al vincular el código alfanumérico del animal con el DNI de su propietario, los veterinarios adquieren la capacidad de monitorizar enfermedades de declaración obligatoria. Plataformas autonómicas que ya operaban con este enfoque, como el registro RAIA en Andalucía, vienen demostrando cómo la asociación de un diagnóstico de rabia o leishmaniosis a un microchip específico puede permitir a las autoridades localizar brotes zoonóticos en puntos geográficos concretos.
En el ámbito de la cría y comercialización, continúa Domínguez, el decreto impone una trazabilidad que requiere la designación de responsables legales desde el origen de las camadas. El objetivo técnico de esta medida es la erradicación de las prácticas de cría no autorizada y el control del transporte irregular de animales en el espacio europeo. La normativa dota de seguridad jurídica a los criadores registrados y garantiza que las transacciones comerciales cumplan los requisitos sanitarios y de bienestar vigentes.
“Eso de criar perros y gatos de raza y trasladarlos en camiones por Europa sin ninguna trazabilidad va a cambiar -expone-. Los criadores son los primeros beneficiados porque se quitan de un plumazo cualquier práctica ilegal”.
En lo que respecta a la operatividad de los centros veterinarios, la estandarización nacional consolida una infraestructura que ya se encontraba adaptada tecnológicamente. Las clínicas operan de forma sistemática con microchips sujetos a la norma internacional ISO y con lectores homologados. Además, al definir claramente al propietario como responsable legal último, el marco normativo facilita los procedimientos administrativos internos de las consultas. Esto incluye desde la declaración obligatoria del uso de antibióticos a través del DNI del titular, hasta la justificación legal de intervenciones y tratamientos en felinos de colonias.
Apoyo de autonomías y ayuntamientos
A nivel de arquitectura de datos, el sistema se fundamenta en la interconexión institucional. Los registros de identificación efectuados en cada Comunidad Autónoma se integran en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Esta plataforma funciona como un metabuscador que cruza la información autonómica con las bases de datos europeas e internacionales, posibilitando la identificación de cualquier animal con independencia de su lugar de origen. Los veterinarios destacan que esta infraestructura tecnológica sitúa a España en los estándares más altos de la Unión Europea en materia de registro animal.
Para la completa operatividad del sistema delineado en el real decreto, los profesionales del sector advierten sobre la necesidad de actuación de las administraciones locales. La eficacia de la trazabilidad nacional y autonómica requiere que los ayuntamientos asuman la actualización y el mantenimiento riguroso de los registros municipales de animales de compañía en sus respectivas jurisdicciones.