La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha presentado ya ante las oficinas del Instituto Nacional de Estadística las más de 500.000 firmas necesarias para elevar al Congreso de los Diputados su propuesta de derogación del real decreto 666/2023, relativo a la prescripción, indicación y uso de los medicamentos para animales. Celebra el éxito de la campaña el presidente de la patronal, Sebastià Rotger, quien asume, en cualquier caso, que la labor más ardua comenzará una vez regrese la actividad parlamentaria a la Cámara Baja. “Vamos a pelear la ILP (iniciativa legislativa popular), los veterinarios no se van a dejar ningunear”, afirma.
En declaraciones a Redacción Médica, el dirigente balear enfatiza el significado de que cerca de 528.000 personas hayan dado su apoyo a esta ILP que, en última instancia, persigue derogar la polémica reforma del real decreto 666/2023, el cual considera excesivamente restrictivo para el profesional veterinario; así como eliminar la incompatibilidad en la dispensación de los fármacos para animales y volver a hacer obligatoria la prescripción de antiparasitarios.
Multas de hasta un millón de euros
Asume Rotger que el RD 666/2023 se ha convertido en el principal foco de malestar de la profesión veterinaria dado que “afecta directamente a su libertad de prescripción” (limita, por ejemplo, el uso de fármacos humanos como última opción, lo que se conoce como prescripción en cascada; y restringe las posibilidades a aquellas fórmulas que estén incluidas en unas fichas técnicas en ocasiones desfasadas) y les supone más carga burocrática al delegar en los propios clínicos la responsabilidad de informar del uso de antibióticos a través del sistema Presvet.
La CEVE presentó las firmas este jueves en el Instituto Nacional de Estadística.
“Somos un país mega-regulador que parece que solo aplica la Ley para lo malo, porque los veterinarios ya llevábamos una década reduciendo los antibióticos hasta un 70 por ciento, algo que ni por asomo se ha conseguido con los medicamentos humanos”, subraya el responsable de la CEVE, quien insiste en que el impacto de la normativa en este aspecto es “mínimo”. “Este real decreto lo que viene a hacer es a convertir al veterinario clínico en un burócrata y a jugársela con multas que llegan hasta el millón de euros -destaca-. Es surrealista”.
Rotger hace hincapié en que la norma, que viene a implantar en España las directrices de la Unión Europea (aunque el sector veterinario considera que se ha hecho una interpretación demasiado estricta de las mismas), afecta tanto a animales de producción como de compañía, que están presentes ya en el 52 por ciento de los hogares españoles. “Es decir, que nos afecta a todos o a casi todos”, afirma.
La labor más ardua comienza ahora, o, más concretamente, cuando regrese la actividad al Congreso de los Diputados, que será el que decida la suerte de la proposición legislativa. “Vamos a estar cada día como un martillo pilón para derogar el 666/2023 -asevera-. Esta movilización de la mayoría silenciosa es un éxito sin precedentes y las administraciones tienen que considerarlo”. En este sentido, recalca que los veterinarios no se dejarán “ningunear”. “El sector está unido”, sentencia.