La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sanción de 80.001 euros impuesta a una veterinaria que elaboraba fórmulas magistrales de medicamentos sin autorización en su clínica.
El caso tiene su origen en una investigación que se llevó a cabo en julio de 2021 a raíz de la denuncia de una usuaria de la clínica. Las autoridades constataron que en el establecimiento se elaboraban fórmulas magistrales empleando medicamentos industriales, actividad para la que el local no disponía del utillaje necesario ni de las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales requeridas.
En dicha visita, la inspección ordenó como medida cautelar el cese de la elaboración de estos productos y la destrucción de los medicamentos caducados existentes. Posteriormente, en una segunda inspección realizada en septiembre de ese año, se constató el incumplimiento de los requerimientos efectuados en la primera intervención.
Durante la investigación, la implicada admitió ante los inspectores que fabricaba las fórmulas "de memoria", sin contar con guías de elaboración escritas ni soportes informáticos. Se ordenó por tanto, como medida cautelar, el cese inmediato de la actividad de fabricación y la destrucción de todos los fármacos caducados hallados en las instalaciones. En la segunda visita de inspección se certificó el incumplimiento de estos requerimientos por parte de la propietaria de la clínica.
Los medicamentos deben prepararse en oficinas de farmacia
La veterinaria apeló, entre otros motivos, a la caducidad del procedimiento, la supuesta vulneración del derecho de defensa por la vía de notificación y el error en la valoración de la prueba sobre la fabricación de medicamentos. La sentencia del TSJC desestima íntegramente estas alegaciones.
En lo que respecta a la elaboración de medicamentos, el fallo recuerda que el artículo 42 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos estipula que las fórmulas magistrales deben prepararse en una oficina de farmacia por un farmacéutico o bajo su dirección. El tribunal subraya que la normativa vigente no permite la fabricación de este tipo de medicamentos en una clínica veterinaria.
Por otro lado, el Alto Tribunal desestima la alegación de indefensión material. La resolución detalla que el procedimiento se tramitó electrónicamente cumpliendo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, el cual establece la obligación de los profesionales colegiados de relacionarse de forma telemática con la Administración Pública. Las notificaciones se depositaron correctamente en la sede electrónica.
Finalmente, el tribunal rechazó analizar el argumento relativo a la proporcionalidad de la cuantía de la sanción, al determinar que dicho aspecto no fue planteado en el escrito de demanda original, constituyendo una desviación procesal.