La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acoge este miércoles la jornada ‘Derecho Animal: Herramientas para la acción pública y profesional’, que surge con el objetivo de avivar el debate sobre los retos a los que se enfrentan administraciones públicas y profesionales que trabajan en el ámbito de la protección animal.
Ruth Manzanares, especialista en políticas públicas de protección animal y co-directora de la jornada (junto a María Marquès, profesora agregada de Derecho penal en la Universitat Rovira i Virgili), apunta, entre otros obstáculos, a la falta de medios y financiación institucional para aplicar las nuevas políticas. Además, destaca la necesidad de revalorizar el papel de los veterinarios y la importancia de fomentar un diálogo interprofesional para avanzar en la protección animal.
¿Cuáles son esos retos a los que se enfrentan tanto administraciones como profesionales y qué se va a debatir en esta jornada de Derecho Animal?
Al planificar la jornada, tanto la codirectora María Márquez como yo realizamos una primera recogida de información para conocer las cuestiones más urgentes para los profesionales y las entidades públicas. Tuvimos una muy buena respuesta y, en base a ella, estructuramos las ponencias buscando a los profesionales más adecuados.
La jornada se ha dividido en dos partes: la mañana ha estado orientada a la gestión pública con el objetivo de que los técnicos y veterinarios municipales adquieran conocimientos prácticos sobre contratación, el sistema sancionador y la aplicación de políticas públicas. Además, hubo una parte dinámica en la que la universidad recogió información para iniciar líneas de investigación, ya que las personas encargadas de la gestión no tienen tiempo para investigar, siendo las instituciones universitarias las adecuadas para ello.
Por la tarde se abordó la actualidad sobre el encaje del derecho laboral con la protección de los animales de compañía a raíz de unas recientes sentencias sobre despidos improcedentes. También hubo una sección profesional dirigida a letrados sobre el dilema de abordar el maltrato animal por la vía administrativa o la penal, contando con un debate entre abogados especializados para ver la realidad práctica de esta situación. Finalmente, un perito veterinario explicó a los letrados su papel, sus utilidades y cómo interactuar con esta herramienta para llevar a buen puerto los casos de maltrato animal.
¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen por ayuntamientos, comunidades autónomas o la administración central al intentar diseñar una política de protección animal?
Las primeras conclusiones indican que el error principal radica en la falta de capacidad de financiación y de recursos humanos. Aunque es imperativo que el personal reciba formación teórica al enfrentarse a políticas nuevas, lo que más necesitan son medios, tal y como dedujimos de las intervenciones del público en la mesa participativa.
Otro error importante es infravalorar la voluntad de una sociedad que exige el cumplimiento de estas leyes. Los animales han cambiado de posición en nuestra sociedad y se han creado nuevos vínculos, pero desde las administraciones públicas muchas veces no se valoran estas políticas con la seriedad necesaria.
Precisamente, en el Congreso de los Diputados acaba de decaer, al disolverse las Cortes, la subcomisión de Veterinaria. ¿Confía en que se retomen estos trabajos la próxima legislatura?
Espero que el próximo Gobierno, sea cual sea, coloque a los veterinarios en el lugar que merecen como personal sanitario y rebaje el IVA, un coste que muchos profesionales clínicos asumieron para no repercutirlo en los clientes por el beneficio de los animales. Sin embargo, la sensación general es que no se están tomando en serio las reivindicaciones que los profesionales veterinarios y otros colectivos afines llevan meses haciendo. La esperanza es que se escuche a todas las personas implicadas en el cuidado de los animales, tanto desde la gestión pública como privada, para avanzar hacia un modelo lógico y racional que proteja a quienes hoy en día son considerados miembros de la familia.
La jornada reúne a mucha gente de ámbitos como el derecho penal, la administración pública, el ámbito clínico... ¿Existe una desconexión entre estas áreas a la hora de proteger a los animales en España?
Es curioso porque existe una desconexión que no es tal. En esta jornada, a la que han acudido personas de 14 provincias y de diversos ámbitos profesionales, ha quedado claro que tienen muchos más puntos en común de los que creen. Aunque los enfrentamientos irreales o fomentados pueden dificultar que se llegue a esos puntos de encuentro, la realidad es que la mayor parte de los profesionales comparte un gran cuerpo de conceptos y objetivos comunes que necesitan de este diálogo interprofesional.