Debido al adelanto electoral, el Comité de Crisis veterinario ha acordado cancelar la manifestación prevista para el próximo 14 de octubre en Madrid contra el real decreto 666/2023, según han confirmado fuentes sindicales tras la reunión “de urgencia” celebrada este lunes.
La decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes Generales ha echado por tierra las expectativas de las centrales veterinarias, que esperaban exteriorizar de nuevo su rechazo hacia este decreto que regula la prescripción, indicación y uso de fármacos para animales con una concentración frente al Congreso de los Diputados.
Desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) lamentan que la desconvocatoria de la marcha era la única salida posible con un Gobierno en funciones y un Congreso en mínimos. “Ni siquiera se emitirá el informe de la Subcomisión de Veterinaria al estar las cámaras disueltas”, inciden estas fuentes, que esperan que los grupos parlamentarios que surjan de las elecciones del 29 de noviembre retomen sus trabajos.
En efecto, estaba previsto que la citada Subcomisión encauzara el posicionamiento de la Cámara Baja en cuestiones tan sensibles para el sector veterinario como el reconocimiento de las clínicas como centros sanitarios, la regulación de la cesión de medicamentos, la revisión de los seguros de salud de los animales para “evitar sorpresas” para las familias e incluso la posibilidad de construir un hospital público para Urgencias. La significativa carga legislativa de este inicio de curso político ya obligó recientemente a retrasar la emisión del informe de conclusiones, que finalmente ha quedado en ‘stand by’.
Rechazo al real decreto 666/2023
En lo que respecta al real decreto 666/2023, los sindicatos del Comité de Crisis Veterinario critican, inicialmente, la restricción para el uso de ciertos antibióticos más potentes (hay obligación de seguir un procedimiento de ‘escalada’, lo que implica que deben comenzar con medicamentos básicos), lo que puede provocar retrasos en tratamientos urgentes. Pero también advierten de una mayor carga burocrática al tener que volcar las prescripciones al sistema centralizado Presvet, así como limitaciones en la dispensación dado que no se puede vender de forma directa al público: las familias deben acudir a una farmacia con la receta para adquirir el fármaco. Asimismo, se prohíbe el uso de medicamentos humanos independientemente de que tengan el mismo principio activo y sea más accesible.
“La reivindicación que llevamos por bandera desde el 2025 es la derogación del Real Decreto 666 -explicaron a este periódico desde el sindicato VetWarriors-. Pedimos que prevalezca el criterio clínico de los veterinarios sobre cualquier condicionante legal, en consonancia con la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) que no se nos use como a meros agentes ejecutores de la comercialización de medicamentos”.