El debate sobre la vivienda tiene también su dimensión animal, pues en ocasiones las mascotas constituyen un factor de exclusión a la hora de alquilar un piso. En este escenario, asociaciones de defensa de los animales emplazan al Gobierno a incluir en su decreto-ley medidas para derribar “barreras discriminatorias”, de forma que tener un perro o un gato no suponga “perder el derecho” a acceder a una casa.
“Las prohibiciones generales presentes en la oferta de alquiler reducen drásticamente las opciones para quienes tienen un animal en su familia -reivindica la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada)-. Por ello, pedimos que esta problemática se incorpore de forma prioritaria a la agenda pública, avanzando hacia un marco donde tener un animal no suponga perder el derecho a un hogar”.
La organización que dirige Carla Cornella, que cifra en “miles” los casos de hogares afectados por esta problemática, incide en que la crisis actual de la vivienda “exige abordar no solo el precio y la disponibilidad, sino también las barreras discriminatorias.” “Cuando se debate sobre la crisis habitacional, no podemos analizar solo cuánto cuesta una vivienda, sino también quién se queda fuera por barreras adicionales; convivir con un animal no debería restar posibilidades de encontrar un hogar”, defiende.
El caso llega al Congreso de los Diputados
El problema del acceso con mascotas a pisos de alquiler llegó recientemente al Congreso de los Diputados, desde donde José Ramón Becerra, director general de Derechos Animales en el Ministerio de Derechos Sociales, reconoció que las administraciones no han logrado aún alcanzar un equilibrio entre los derechos de los propietarios y los de los inquilinos con animales.
“Hemos de buscar la manera de que el Código Civil supere este muro y lo salte”, apuntó.
Becerra apuntó que ya se hizo “un intento” para retocar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), “que dice que es el titular del inmueble quien establece las condiciones” del alquiler.
En la actualidad, la Ley de Arrendamientos se basa en la "libertad de pactos" entre las partes. Si el propietario incluye una cláusula en el contrato que prohíbe tener animales, el inquilino que lo firme estará obligado a cumplirlo. Y si incumple esta norma, el dueño puede exigir la rescisión del contrato y el desalojo por incumplimiento.