La Organización Colegial Veterinaria (OCV) valora como un “avance parcial” las recomendaciones de la Comisión Europea para identificar cuándo está justificada la prescripción ‘en cascada’ de medicamentos para animales, que se refiere a la posibilidad de los veterinarios de, en un escenario de ausencia de fármacos específicos por escasez o falta de comercialización, servirse de tratamientos recomendados para otras patologías, fórmulas magistrales o incluso los autorizados para uso humano. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento del animal. El organismo que dirige Gonzalo Moreno del Val considera que las soluciones planteadas por Europa ponen fin al “inmovilismo” que primaba hasta ahora, si bien entiende que siguen siendo “insuficientes” y están “alejadas de la realidad asistencial en el contexto español”.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) se ha hecho eco del aval del Gobierno de Ursula von der Leyen a esta prescripción ‘en cascada’ a la que, en cualquier caso, pone límites. Según la Comisión Europea, solo se podrá recurrir a esta vía excepcional y bajo la responsabilidad del propio veterinario para atender necesidades clínicas específicas no cubiertas (siempre que no exista un fármaco adecuado para responder a una circunstancia concreta) o bien cuando los condicionantes del caso no estén cubiertos adecuadamente por los términos de la autorización de comercialización del medicamento disponible.
El documento precisa, asimismo, que la cascada no está destinada a corregir problemas generalizados de falta de eficacia o seguridad derivados del uso de los medicamentos de acuerdo con los términos de su autorización de comercialización, es decir, de la desviación sistemática de dichos términos cuando no están relacionados con la situación clínica específica del animal.
"Sigue desplazando sobre el veterinario la responsabilidad"
A juicio de la OCV, el hecho de que se haya reconocido la posibilidad de acudir a la prescripción excepcional en cascada en determinados supuestos “supone un avance respecto de una lectura estricta e inmovilista de la norma”. Sin embargo, añade, “esta salida no resuelve plenamente el problema de fondo, ya que no modifica el contenido del artículo 106(1)” del reglamento sobre medicamentos para animales “y sigue desplazando sobre el veterinario una responsabilidad profesional especialmente intensa en decisiones clínicas que deberían poder adoptarse con mayor seguridad jurídica”.
“La OCV ha trasladado estos meses a la FVE (la Federación Europea de Veterinarios) la necesidad de impulsar una salida jurídicamente viable -añade en un comunicado-. Desde la organización, han destacado que la realidad española se ve particularmente afectada frente a otros Estados miembro por la interpretación normativa extremadamente garantista que se ha venido haciendo por parte de las autoridades nacionales y que redundan en un impacto práctico directo sobre el ejercicio clínico diario”.
En este sentido, la organización trasladó a las partes del sector en la negociación y trabajo de las recomendaciones la necesidad de avanzar en una interpretación más flexible y ajustada a la práctica clínica, o incluso, en una futura revisión del artículo y la normativa para evitar que decisiones veterinarias basadas en la evidencia queden condicionadas por una inseguridad jurídica persistente.
En el ámbito nacional, la OCV ha defendido también esta posición ante las autoridades competentes en materia de medicamentos veterinarios, donde se ha compartido que la solución interpretativa alcanzada puede resultar útil como avance, aunque no resuelve plenamente las dificultades prácticas que siguen planteándose en el ejercicio clínico diario.