La negociación del XXVI Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia afronta un nuevo parón estival con más incertidumbres que certezas. Tras casi dos años de conversaciones, dos intentos de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y unas posiciones todavía alejadas entre patronal y sindicatos, el proceso no se retomará hasta septiembre. Mientras ambas partes preparan nuevas movilizaciones y una nueva fase negociadora, los titulares de oficina de farmacia empiezan a expresar públicamente su preocupación por un bloqueo que consideran perjudicial para todo el sector.
Consultados por Redacción Médica, Isabel Martín, titular farmacéutica en Las Palmas, y Carlos Sanz, titular farmacéutico en Valladolid, coinciden en reclamar un acuerdo que permita devolver estabilidad a las farmacias, aunque ambos reconocen la complejidad de una negociación que debe equilibrar la sostenibilidad económica de las oficinas con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.
Para Martín, el hecho de que las conversaciones hayan quedado suspendidas hasta septiembre no debe interpretarse como el final del diálogo. "Siempre hay margen para la negociación antes de llegar a una huelga que afecta tantísimo a un sector", afirma. La farmacéutica considera que "es obligado que ambas partes se pongan de acuerdo", aunque admite que la solución no resulta sencilla.
Desde su experiencia como titular, recuerda que las oficinas de farmacia atraviesan un momento especialmente delicado desde el punto de vista económico. "Tenemos una presión fiscal y una presión social bastante grande", explica, al tiempo que señala que el control de precios mantiene estancados los ingresos mientras continúan aumentando los costes laborales y de funcionamiento. A ello se suma, añade, la creciente carga asistencial, las obligaciones regulatorias y la formación continuada de las plantillas, factores que "hacen que nosotros cada vez, como farmacéuticos titulares, estemos más presionados". Pese a ello, insiste en que "el margen de la negociación tiene siempre que quedar sobre la mesa".
Una visión similar mantiene Carlos Sanz, aunque con un tono más crítico hacia el desarrollo de las negociaciones. A su juicio, la falta de consenso entre la patronal y las organizaciones sindicales "deja en entredicho la labor de unos y otros", al tiempo que advierte de que quienes acabarán sufriendo las consecuencias serán "los propios trabajadores de las oficinas de farmacia del territorio nacional".
Un convenio de mínimos para realidades muy distintas
El titular vallisoletano recuerda que el convenio estatal constituye únicamente "un convenio de mínimos", sobre el que posteriormente cada empresa puede construir mejores condiciones laborales mediante incentivos o acuerdos propios. En este sentido, considera que parte de las dificultades derivan de la enorme diversidad del modelo farmacéutico español.
"No se pueden comparar las farmacias rurales muy pequeñas y con muy bajo poder adquisitivo con las macrofarmacias de grandes ciudades o con las farmacias de zonas turísticas", sostiene, una realidad que, en su opinión, dificulta alcanzar un texto que satisfaga por igual a todas las partes.
Sanz también lamenta que el retraso en la firma del convenio acabe traduciéndose en "pérdida de dinero y de derechos" mientras no se alcance un acuerdo definitivo. Aun así, considera que todavía existe margen para reconducir la situación cuando las negociaciones se retomen tras el verano.
La vista puesta en septiembre
Después de varios meses marcados por las movilizaciones sindicales, el recurso a la mediación del SIMA y el fracaso de los últimos intentos por cerrar un preacuerdo, septiembre se presenta como un mes decisivo para comprobar si las posiciones consiguen aproximarse o si el conflicto entra en una nueva fase de presión.
En ese escenario, ambos farmacéuticos coinciden en reclamar responsabilidad a los negociadores. Isabel Martín insiste en que el diálogo debe prevalecer pese a las dificultades económicas que atraviesan las oficinas de farmacia, mientras que Carlos Sanz se muestra convencido de que "el consenso es posible" y reclama que el convenio se cierre "por el bien común". "Creo que es mejor ir poco a poco limando los detalles que pegar trasquilones y tener que reparar después", concluye.