El Consejo General de Enfermería (CGE) muestra su preocupación por el intrusismo profesional. En concreto, por la figura de la 'doula', figura que acompaña a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, en lugar de las matronas -enfermeras especialistas en Obstetricia-Ginecología. Por ello, una delegación de la entidad colegial ha acudido este martes a la Fiscalía General del Estado para explicar que el desarrollo de su actividad pone en riesgo tanto a las gestantes como a sus bebés.
Así, Montserrat Angulo, vicetesorera y vocal matrona del Pleno del CGE, y Francisco Corpas, director de los Servicios Jurídicos de la institución, han mantenido una reunión con el fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano, y Bárbara Bande, fiscal de la Secretaría Técnica. Los representantes enfermeros han recordado a la Fiscalía que las doulas "no constituyen profesión sanitaria alguna" y que aun así desarrollan sus actividades en el campo sanitario, "con prácticas que se tornan medievales". Asimismo, han puesto sobre la mesa que, lejos de solucionarse este problema, cada vez se encuentran más situaciones graves de inseguridad clínica para las pacientes, dado que este perfil "no tiene formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida".
Por otro lado, desde el CGE se ha recordado en el encuentro que, desde el punto de vista tributario, las doulas no cuentan con epígrafe de impuestos sobre actividades económicas (IAE) y se puede estar generando una bolsa de ingresos de personas autónomas sin declararlos. "Sus servicios no son gratuitos, cobran unos elevados honorarios, tal y como se puede ver en sus publicaciones de internet, y oscilan entre los 300 y los 1200 euros, según los servicios que se incluyan", ha puntualizado Angulo.
Versión para el final de la vida
Además, los portavoces colegiales han aprovechado para presentar otra problemática: la aparición de las 'doulas del final de la vida', una figura no sanitaria "que pretenden acompañar de forma emocional, espiritual y práctica a una persona moribunda y a su familia durante el final de la vida, cuando se trata de una función que la normativa asigna a las enfermeras".
Según el CGE, la Fiscalía ha recibido estas preocupaciones "con gran interés y receptividad". Una problemática que ya se presentó en el organismo en 2015 y 2023 y sigue creciendo. "Sabemos de la dificultad y vamos a incrementar en las denuncias el nivel de elementos probatorios a aportar, pero necesitamos la colaboración de las Fiscalías en defensa de la salud de los bebés y las madres", han pedido desde la alianza colegial. Es más, la entidad pretende abrir un camino de colaboración para poder atajar esta problemática y garantizar, en todo momento, la seguridad clínica de las madres y bebés.
Ambas partes han acordado preparar en colaboración un decálogo de recomendaciones para profesionales, matronas y pacientes para evitar el intrusismo y velar por la salud y seguridad clínica. Este documento estará consensuado por los organismos que se han reunido este martes.