Publicada
Actualizada

"El tratamiento de datos de salud está prohibido porque es potencialmente lesivo para los derechos de las personas. Son tratamientos con una presunción de ilegitimidad", así ha resumido el catedrático de Derecho Constitucional y Director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de Cádiz, Antonio Troncoso, su posición general sobre el tratamiento de los datos de salud, en una charla en la que ha recordado la necesidad de compatibilizar la privacidad del paciente con el interés público para mejorar la investigación sanitaria.

El catedrático ha pronunciado estas palabras durante la mesa redonda 'Accesos Indebidos a Historia Clínica: Confidencialidad, Descubrimiento, Revelación de Secretos y Responsabilidad Penal', celebrada en el marco del XXXII Congreso Nacional del Derecho Sanitario que se celebra este jueves y este viernes en Madrid. El experto ha participado junto al Director de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y Asesor Jurídico C.E.A. Sector II Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Campo; la Directora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Begoña de Andrés y el Director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería de España, Francisco Corpas, quien ha ejercido de moderador.

En su intervención, Troncoso ha hecho un resumen sobre las distintas leyes que, a lo largo de la historia, han protegido la intimidad de los datos personales como la Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que ya consideraba intromisión ilegítima la revelación de datos privados de la esfera íntima. También ha citado Ley General de Sanidad de 1986, la primera en reconocer a los pacientes el derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso asistencial.

Asimismo, ha recordado que el artículo 7 de la Ley 41/2002 ya reconoció el derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos de Salud y a que nadie acceda a ellos sin autorización amparada por la ley. "Además, diferenció con más claridad los distintos accesos: para inspección, para investigación, para labores de gestión y de administración"; ha explicado, a la vez que ha señalado que, en materia sanitaria la Lortad (Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos), que data de 1992, ya hablaba de los datos de salud como datos especialmente protegidos,

"La normativa actual es el Reglamento europeo de protección de datos, que en esta materia supone una gran continuidad", ha explicado el catedrático, quien ha especificado que la norma europea, en continuidad con la Directiva de 1995, es que los tratamientos de datos de Salud, como los de ideología, religión, creencias, raza, datos genéticos, vida sexual o datos biométricos, son "potencialmente lesivos" para los derechos de las personas. "Cuando aparece la idea de tratar datos de salud, el Reglamento subraya que, en principio, ese tratamiento está prohibido", ha puntualizado, a la vez que ha indicado que los profesionales pueden tratar datos de salud siempre prevalezca el derecho a la vida, que es el fundamento de los demás derechos fundamentales.

"Un profesional sanitario puede tratar datos de salud porque realiza una actividad preventiva o laboral, porque va a evaluar la capacidad laboral de un trabajador o porque va a hacer un diagnóstico médico", ha aseverado Troncoso, quien también ha indicado que esta legitimación "no es absoluta" y que la consulta ha de hacerse basada en el principio de proporcionalidad. "Estoy habilitado, pero no puedo extralimitarme, y debo tratar datos adecuados, pertinentes, no excesivos y de calidad", ha recordado.

REGLAMENTO EUROPEO DE DATOS

Por otra parte, Troncoso se ha referido al Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, un espacio donde la información clínica puede circular y estar disponible. "Esto permite que el paciente tenga mejor acceso a su información clínica. Cuando se mueve de una comunidad autónoma a otra, o incluso a otro país, esa información ya no se queda atrás"; ha señalado el catedrático, quien ha explicado que Europa está avanzando hacia un modelo de gobernanza multinivel del dato de salud, con manejo de grandes volúmenes de datos para planificar, hacer epidemiología y reforzar la investigación en salud, lo que supone una garantía de salud en términos de derecho colectivo.

"Esto tiene muchas ventajas: supera la dispersión entre múltiples prestadores y el obstáculo de la fragmentación, permite una mejor calidad asistencial, evita repetir pruebas diagnósticas y mejora la actualización sanitaria", ha señalado a la vez que ha advertido que esto tiene aspectos peligrosos como el asentamiento de la idea de que la persona es un dato, que los datos clínicos son un recurso informacional o que el médico o el enfermero se convierta proveedor o gestor de una infraestructura informacional.

Asimismo, el catedrático ha indicado que el Reglamento se basa en la disponibilidad de la información, y eso hay que hacerlo compatible con la confidencialidad. "No son términos antónimos", ha matizado Troncoso, quien ha concluido su intervención indicado que mensaje debe ser que el 99,999 por ciento de los accesos por parte de enfermería son "debidos, proporcionales y justificados". "Presentar el acceso indebido como lo habitual sería transmitir una información inexacta"; ha concluido.



¿Cuando un acceso es indebido?

El director de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, Juan Carlos Campo, ha señalado que existen cuatro condiciones para saber cuándo el acceso está justificado: relación asistencial real y actual en el tiempo respecto al paciente, principio de proporcionalidad y necesidad, deber de secreto de quien accede y acceso fuera del ámbito asistencial.

Respecto al acceso fuera del ámbito asistencial, Campo ha aclarado que este solo pueden hacerlo los servicios de gestión e inspección, en su ámbito propio y específico, y según qué datos. "No pueden ser datos sensibles sanitarios, sino datos administrativos, como las citas hospitalarias o clínicas necesarias para una adecuada planificación sanitaria. También se puede acceder, con acuerdo de los comités éticos asistenciales de los servicios de salud, en el ámbito de la investigación, y en ese caso los datos tienen que estar anonimizados", ha detallado.

Asimismo, Campo ha detallado que la mayoría de tribunales considera que basta un solo acceso para infringir el artículo 7.1 de la Ley de Autonomía del Paciente y poder aplicar los artículos 72 y 73 del Estatuto Marco. "La trazabilidad es impecable: la mayoría de los centros hospitalarios tienen trazabilidad completa. Se sabe desde qué unidad y con qué clave se ha accedido, qué día, a qué hora y minuto, qué archivos se han visto y cuándo se ha salido de la historia clínica", ha explicado Campo, quien ha indicado que, de cara a los tribunales, la prueba es prácticamente inatacable y los tribunales han dictado que el informe de trazabilidad constituye prueba objetiva.

También ha señalado que no es necesaria la divulgación para que sea sancionable y, en todo caso, esta sería un agravante. "El perdón de la persona ofendida no exonera: la sanción depende sobre todo de la persistencia de los accesos, de la sensibilidad de los datos, de los antecedentes y de la reiteración. Se aplican, además, los mismos principios que en el proceso penal: norma específica sobre la genérica, retroactividad de la ley más favorable, presunción de inocencia y non bis in idem -principio que prohíbe sancionar o juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho-.La idea es que un solo acceso injustificado basta para poder aplicar una sanción", ha apuntado.

Respecto a su consideración a nivel penal, Campo ha recordado un caso de un acceso indebido en el que una enfermera accedió a los datos sanitarios de su excompañera de piso y los divulgó. En este caso, la Audiencia Provincial de Zaragoza: acreditó los hechos e impuso una condena de 3 años y 3 meses de prisión y seis años de inhabilitación. "El propio tribunal la consideró excesiva y solicitó un indulto parcial, con rebaja a 2 años de prisión y 3 de inhabilitación, que no fue aprobado por el Consejo de Ministros

La confidencialidad, parte de la calidad asistencial

"Más allá del ámbito jurídico, cuando hablamos de garantizar la calidad de la asistencia, la confidencialidad es una competencia más que debe tener el profesional para ofrecer una asistencia de calidad y segura", ha explicado la directora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Begoña de Andrés, quien ha explicado que en un hospital existen dos derechos: el de los pacientes a la intimidad, la dignidad y la confidencialidad de su información y el derecho a recibir una atención segura y de calidad, para lo cual la información necesaria debe estar disponible para los profesionales que los atienden.

De Andrés ha explicado que en esa conjugación surgen, a veces, espacios en blanco y gaps de cumplimiento normativo. "En un hospital como el mío tenemos alrededor de 600 camas funcionantes durante todo el año, unos 200.000 procesos de urgencias anuales, más de 28.000 ingresos y altas, más de 22.000 intervenciones quirúrgicas y unos 5.000 profesionales", ha detallado la experta, quien ha indicado que con ese volumen asistencial en ocasiones es difícil gestionar la confidencialidad, de tal forma que solo quienes necesiten la información para garantizar la asistencia la utilicen de forma legítima.

"Cuando una persona va a un hospital, lo que quiere es una garantía de calidad asistencial. Muchas veces, la confidencialidad se percibe como algo secundario, y no puede ser así. Los líderes de las organizaciones tenemos que incluir la seguridad de la información en los modelos de gobernanza. El enfoque no puede ser solo reactivo", ha destacado De Andrés, quien ha explicado que desde el propio hospital se están tomando medidas para garantizar esta confidencialidad.

Entre las medidas implantadas, la experta ha indicado que, dentro de la historia clínica electrónica, una herramienta monitoriza el número de accesos y funciona como sistema de alerta. "Cuando se produce un número determinado de accesos, salta, se identifica al profesional y el responsable de seguridad de la información, que forma parte de la comisión, abre una investigación", ha explicado.

Asimismo, ha explicado que el Hospital se ha adherido al Esquema Nacional de Seguridad encategoría alta, con alcance a toda la organización. "Hemos apostado por tener no solo mecanismos de detección y control, sino por que la política de confidencialidad llegue de verdad a la vida cotidiana de los profesionales y sea una competencia más", ha especificado.

Por último, ha finalizado su intervención señalando que "acceder a la información clínica es una responsabilidad y no un privilegio". "Trabajamos por mantener la intimidad y la confianza y por proteger los derechos de los pacientes"; ha sentenciado.

Francisco Corpas Arce, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería de España / Imagen de Joana Huertas

Begoña de Andrés Gimeno, enfermera y directora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) / Imagen de Joana Huertas

Juan Carlos Campo Hernando, director de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. Asesor Jurídico C.E.A. Sector II Servicio Aragonés de Salud / Imagen de Joana Huertas

Antonio Troncoso Reigada, catedrático de Derecho Constitucional y director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de Cádiz / Imagen de Joana Huertas

Aspecto de la sala durante la mesa de debate "Accesos indebidos a Historia Clínica: Confidencialidad, descubrimiento y revelación de secretos y responsabilidad penal" / Imagen de Joana Huertas