Ricardo Martínez Platel / Imagen: Joana Huertas. Madrid
La XXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha puesto su broche final con una mesa dedicada a los inmigrantes irregulares y a las prestaciones sociales y sanitarias que reciben, que ha estado dirigida y moderada por Alberto de Rosa, consejero delegado del Grupo Ribera Salud.
Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de Madrid.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha explicado que a él no le gusta hablar de "inmigrantes, sino de personas en situación irregular", porque su obligación es garantizar para todos "una sanidad pública, sin privatizaciones, gratuita y universal, donde se atienda a todos por igual".
Sánchez Martos ha comentado que nunca se ha dejado de atender a nadie, pero sí ha reconocido que con el RD 16/2012 se restringía a los casos de urgencias, embarazadas y menores de 18 años, aunque favoreció la ruptura del turismo sanitario, "que suponía un coste de 1.000 millones de euros". El consejero es partidario de actualizar y modificar las leyes si la situación lo requiere y ha reforzado su apuesta para que "cualquier persona pueda tener acceso a un proceso de continuidad asistencial", para que los ciudadanos que lo necesiten puedan ser atendidos no solo en los hospitales, sino también en Atención Primaria.
El máximo responsable de la Sanidad madrileña ha resaltado que "no es necesario que se otorgue una tarjeta sanitaria, sino que lo importe es la atención" y ha recordado que en Madrid se presta atención a todos en los hospitales o centros de salud, aunque se acuda sin tarjeta. No obstante, espera que el Consejo Interterritorial llegue al consenso a través de la negociación y la conciliación para que todos los inmigrantes en situación irregular puedan ser atendidos desde la "igualdad, homogenización solidaridad y humanización".
Por su parte, Julio Sánchez Fierro, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha incidido en que el debate político en torno a la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular ha desdibujado cualquier acercamiento al rigor de la norma y ha afirmado que "no se puede decir que el RD 16/2012 ha negado la universalidad, porque es falso en términos jurídicos".
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