Vivanta Dental ha protagonizado un nuevo cierre en el sector de las clínicas dentales, que deja a cientos de pacientes con la incertidumbre sobre sus tratamientos. Como ya ocurrió con otros proyectos fallidos como iDental o Dentix, la compañía ha comunicado el cese de su actividad en buena parte de sus establecimientos como consecuencia de la venta de la empresa. La decisión ha reabierto de nuevo un debate sobre la continuidad asistencial. Organizaciones de consumidores como Facua han lamentado que la escena haya vuelto a repetirse y han advertido de la necesidad de acometer reformas legislativas para evitarlo. Entre sus posibles soluciones, figura obligar a las empresas a suscribir un seguro obligatorio de riesgo.
En una conversación con Redacción Médica, Rubén Sánchez, el secretario general de Facua, ha lamentado el cierre de Vivanta Dental, la tercera quiebra en una cadena de clínicas dentales desde el año 2019. “Es un sector que está configurado de tal forma que, o bien por las características de los empresarios o las del sector, se lanzan con una marca, la publicitan mucho y, de repente, al cabo de un tiempo, van cerrando de golpe o en cascada”, ha explicado a este periódico.
Como parte de sus posibles soluciones, Sánchez aboga por establecer por ley un seguro obligatorio para este tipo de cadenas, de manera que puedan indemnizar a los pacientes afectados por un cierre, ya sea a través de una compañía de seguros o mediante un organismo público que supervise el proceso. Se trata de un instrumento que ya prevé la Ley General de Defensa de los Consumidores de 1984, pero que no figura en ninguna normativa de ámbito sanitario donde se ponga el foco en el sector odontológico. “Es algo tan simple como plantear en el Consejo de Ministros una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores e incorporar la obligación de que determinados perfiles de empresas que, por fuerza para existir, tengan que contar con un seguro que garantice el riesgo de quiebra”, ha remarcado.
Su propuesta está alineada con las propias reivindicaciones del Consejo General de Dentistas de España, que también ha planteado la necesidad de contar con mecanismos de garantía financiera para proteger las cantidades abonadas por los pacientes y asegurar la continuidad asistencial. “Lo que pedimos es que habría que obligar por ley a las empresas que cobran servicios por adelantado, a tener un aval bancario que garantice la finalización de los tratamientos”, han explicado a este diario desde la organización colegial.
Sin embargo, hasta la fecha, esta reforma legislativa todavía no ha visto la luz, como tampoco los intentos fallidos de varios grupos parlamentarios por aprobar una ley que regule la publicidad sanitaria, especialmente en las campañas de las grandes compañías odontológicas. “Nosotros llevamos mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, pidiéndole tanto al Ministerio de Consumo como al Ministerio de Sanidad un cambio regulatorio”, han lamentado desde Facua.
Paralelamente, desde la organización de consumidores han reclamado también que las comunidades autónomas lleven a cabo un sistema de “monitorización” para controlar la actividad de estas cadenas de clínicas dentales. El objetivo es que puedan revisar que tengan todas sus cuentas “en regla” antes de llegar a un punto de no retorno como una quiebra económica.
El rescate público de Vivanta
El cierre de las clínicas se produce a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para evitar su quiebra. El Consejo de Ministros aprobó en junio de 2022 un rescate económico al considerarla una empresa estratégica. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se canalizó un préstamo de 40 millones de euros para reflotar la compañía que comenzó a experimentar pérdidas en plena pandemia de covid-19.
A la vista de que la inyección económica no ha permitido evitar el cierre definitivo de la empresa, Rubén Sánchez ha advertido sobre la necesidad de analizar qué condiciones se dieron para facilitar el rescate, así como sacar a la luz las auditorías realizadas por la SEPI. “Es dinero público y es grave”, ha concluido.
Vivanta garantiza los tratamientos
Tras hacerse público el cierre, fuentes de la compañía, fundada por el fondo de capital riesgo Portobello pero cuyo principal accionista es Ares Management, han querido mandar un mensaje de "tranquilidad” a todos los pacientes y han asegurado que no se verá comprometida la continuidad asistencial. “La compañía garantiza la realización y finalización del 100 por cien de los tratamientos en curso, tanto para aquellos que hayan sido financiados como para los abonados directamente por los pacientes”, han apuntado fuentes de la compañía.
La empresa ha explicado a este diario que en las clínicas afectadas los pacientes podrán completar su tratamiento a través de un servicio ofrecido por Vitaldent, sin tener que volver a pagar sobre lo ya contratado. Por eso, han empezado una campaña informativa para dirigirse a todos los clientes afectados. La empresa cuenta con más de 200 establecimientos, repartidos entre 11 comunidades autónomas diferentes.