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El próximo 29 de noviembre los españoles acudirán a las urnas para decidir la nueva composición de las Cortes. En este contexto electoral, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox y Frente Amplio han presentado ya sus programas y reflejan concepciones contrapuestas sobre la financiación, la gestión y el acceso a ayudas frente a la dependencia y de ayudas sociales.

Esta confrontación programática evidencia dos modelos distintos de entender las políticas públicas. Mientras las propuestas del espacio progresista ponen el acento en el refuerzo del sector público y en la universalidad de las prestaciones, las formaciones de derecha combinan medidas de reorganización administrativa, colaboración público-privada, incentivos fiscales y criterios de prioridad en el acceso a las ayudas.

Dependencia y cuidados: diferentes métodos, mismo fin

En materia de dependencia y cuidados, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) recoge que la Administración General del Estado asuma el 50 por ciento de la inversión del sistema, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Frente Amplio aboga por un Pacto de Estado por los Cuidados, acompañado de una Ley de Cuidados y Sostenibilidad de la Vida y una Ley de Familias, para colocar este ámbito en el centro de los Servicios Sociales. Esta propuesta incluye una inversión del 1,7 por ciento del PIB en 2030, la eliminación de copagos, la duplicación de las horas de ayuda a domicilio, el “derecho al respiro” de un mes anual financiado a la mitad por el Estado, la prohibición de entidades de capital riesgo en residencias y la ampliación de permisos por nacimiento, cuidado parental y cuidados paliativos.

Con un enfoque también centrado en el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección de colectivos específicos, el PSOE plantea la primera Ley de Servicios Sociales a nivel nacional, el despliegue de la Ley 4/2026 de discapacidad y dependencia, la consolidación del servicio de ayuda a domicilio, la exención de copagos y atención continuada para personas con ELA en Grado III+, además de impulsar el Plan “A Tu Lado” para mayores de ochenta años con el fin de garantizar un seguimiento médico adecuado y evitar situaciones de soledad.

A diferencia de esas fórmulas centradas en la expansión directa del servicio público, el Partido Popular aspira a conseguir un Pacto de Estado por la Dependencia que garantice la aportación estatal efectiva del 50 por ciento del gasto, al tiempo que combina incentivos fiscales y flexibilización laboral. Ofrece una deducción del 40 por ciento en el IRPF por atención profesional a mayores dependientes, propone que el Estado asuma la cotización de quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente y defiende compatibilizar pensiones de discapacidad con el empleo.

Por su lado, Vox plantea reforzar tanto los recursos asistenciales como los beneficios fiscales. Propone aumentar el presupuesto destinado a dependencia, ampliar plazas residenciales y ayudas al cuidado en el hogar, agilizar los trámites de valoración, desarrollar programas contra la soledad no deseada, potenciar los cuidados paliativos y reforzar las deducciones y bonificaciones fiscales por discapacidad.

Las familias, en el centro de las ayudas

Respecto a las ayudas sociales, familia e infancia, en un escenario en el que el Ingreso Mínimo Vital protegía en octubre de 2026 a cerca de 2,8 millones de personas en más de 900.000 hogares según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) oficial en vigor se sitúa en 600 euros mensuales, los partidos vuelven a diferir en sus estrategias. Frente Amplio propone una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por menor para erradicar la pobreza infantil, comedores escolares gratuitos en Infantil y Primaria, gratuidad educativa desde los cero años hasta la universidad, tres horas diarias de luz gratuita, un abono único estatal de transporte y limitar el alquiler al 25 por ciento de los ingresos del hogar.

A este paquete, la formación progresista añade la subida del IPREM hasta los 700 euros mensuales, la inversión del 2,4 por ciento del PIB en infancia y familias, el blindaje constitucional y salarial de las pensiones con la jubilación a los 65 años y la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales hacia las 32 horas.

También desde el ámbito progresista, el PSOE plantea una prestación estatal progresiva por crianza, una Cuenta de Futuro con 1.000 euros invertidos en fondos públicos al nacer, pero solo disponibles a los dieciocho años. Además proponen la automatización del Ingreso Mínimo Vital, un Bono Social Único y Automático para suministros y transporte, mejoras en los permisos parentales y de nacimiento y ayudas de hasta 300 euros mensuales del Fondo de Garantía de Alimentos.

Frente a estas medidas, el Partido Popular defiende una deducción familiar única en el IRPF reembolsable y de abono mensual actualizada con la inflación y computando al concebido no nacido, junto con la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años financiada al 50 por ciento entre Estado y comunidades autónomas. Completa su propuesta con una Tarifa Social Única energética automática, un reconocimiento común para familias monoparentales y la exigencia de arraigo real mediante empadronamiento y cotización o contribución para acceder a ayudas no urgentes.

Finalmente, Vox promueve el principio de prioridad nacional para dar acceso preferente a los españoles a vivienda pública, guarderías, becas de comedor, transporte y ayudas sociales, reserva el Ingreso Mínimo Vital exclusivamente para españoles con menos recursos y suprime las ayudas a inmigrantes en situación irregular. En paralelo, plantea un Plan Nacional de Natalidad con gratuidad real de cero a tres años, extensión de los beneficios de familia numerosa desde el primer hijo y cotización a la Seguridad Social financiada por el Estado para quienes se dediquen al cuidado de sus hijos.

Con estas propuestas sobre la mesa, los casi 39 millones de ciudadanos llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre tendrán en su mano decidir qué hoja de ruta prevalece para el futuro de los Servicios Sociales. La cita electoral no solo servirá para renovar los 350 escaños del Congreso y los 209 del Senado, sino también para dirimir entre dos visiones contrapuestas de la protección social: la apuesta por la expansión directa y universal de los servicios y prestaciones públicas que presenta el bloque progresista, frente al modelo de eficiencia en la gestión, incentivos fiscales y criterios de acceso prioritario que defienden las formaciones de derecha.