El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se encuentra ante un punto de inflexión histórico tras dos décadas de la aprobación de la Ley de Dependencia. Un nuevo estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), titulado "Observatorio de la Dependencia: Sexto Informe" y elaborado por Sergi Jiménez-Martín y Analía Andrea Viola, revela que la red pública supera ya los 1,7 millones de beneficiarios atendidos en España. Uno de los puntos principales del informe es el efecto del envejecimiento y la soledad no deseada en la salud mental de los más mayores, provocando episodios de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo general.
El informe dedica un apartado especial a la salud mental y al deterioro cognitivo de los mayores, identificándolo como una de las principales puertas de entrada a la dependencia. En España, el deterioro cognitivo afecta al 18,5 por ciento de las personas mayores de 65 años y al 45,3 por ciento de los mayores de 85 años. Los autores remarcan la vulnerabilidad del colectivo ante trastornos como la ansiedad y la depresión, destacando datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud donde la prevalencia de diagnósticos de salud mental supera el 50 por ciento en la población mayor de 80 años.
Vinculado a la salud mental, el estudio alerta sobre la soledad no deseada, un fenómeno que afecta al 16,3 por ciento de los mayores de 65 años. La brecha de género es especialmente acusada en este ámbito: mientras que un 12 por ciento de los hombres mayores sufre soledad no deseada, el porcentaje se eleva al 19,8 por ciento en el caso de las mujeres. Además, cuando la soledad incide en personas con reconocimiento oficial de dependencia, la prevalencia se dispara al 45,5 por ciento, observándose que el 58,4 por ciento de quienes sufren soledad no deseada presenta problemas añadidos de salud mental.
Paridad de gasto entre Estado y comunidades
El estudio de Fedea subraya que la aportación presupuestaria de la Administración General del Estado experimentará un incremento sin precedentes. Con la duplicación de las cuantías del nivel mínimo para el Grado II (que pasan de 130 a 260 euros mensuales) y un aumento del 128 por ciento en el Grado III (subiendo de 290 a 660 euros al mes), la aportación estatal ascenderá a 5.514 millones de euros en 2026 y alcanzará los 7.239 millones de euros en 2027. Con este incremento, el Estado busca acercarse al 50 por ciento del gasto total del sistema, garantizando por ley una cofinanciación equitativa con las comunidades autónomas.
En el análisis de las listas de espera, el informe destaca una tendencia hacia la corrección del denominado "limbo de la dependencia", que mide a las personas con derecho reconocido que aún no perciben su prestación. Tras haber alcanzado un pico crítico en diciembre de 2015 con cerca de 385.000 personas desatendidas, la cifra se ha reducido drásticamente hasta situarse en 112.002 personas a mediados de 2026. Esta evolución representa una tasa de dependencia del 6 por ciento, valor que se ubica sensiblemente por debajo del objetivo máximo del 12,7 por ciento fijado en el Plan de Choque de 2021.
A pesar de las mejoras en los plazos de resolución, la demora en la tramitación administrativa sigue teniendo consecuencias trágicas. Los datos provistos por el Imserso recogen que, entre enero y julio de 2026, fallecieron en España 8.631 personas mientras se encontraban a la espera de recibir la prestación efectivamente concedida. En total, sumando todas las fases del proceso de reconocimiento, 136.480 personas valoradas en situación de dependencia fallecieron en la primera mitad del año.
En cuanto a la modalidad de las prestaciones, la estructura del SAAD refleja un paulatino giro hacia los servicios profesionales frente a los cuidados informales. Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar representan actualmente el 31 por ciento del total de prestaciones otorgadas, lo que supone un descenso considerable respecto al máximo del 58,2 por ciento alcanzado en 2009. Por su parte, el conjunto de las prestaciones de servicios (como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la atención residencial) abarca ya el 59 por ciento de la oferta.
Más trabajo, pero salarios bajos
El dinamismo del sistema ha tenido un impacto directo en el mercado laboral del sector sociosanitario, que empleaba a casi 758.000 trabajadores a mediados de 2026. Según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) analizados en la investigación, el sector presenta una tasa de empleo indefinido próxima al 85 por ciento tras la reforma laboral, así como una elevada feminización que alcanza el 82 por ciento. Sin embargo, la investigación advierte de que el salario medio de los profesionales de la dependencia continúa estancado en torno al 75 por ciento de la base de cotización media general. Asimismo, la presencia de ocupados de origen extranjero o con doble nacionalidad ha ido en aumento, representando ya cerca del 25 por ciento del total de la mano de obra del sector.
En la tribuna invitada que acompaña al sexto informe, Adelina Comas, directora del Global Observatory of Long-Term Care e investigadora de la London School of Economics, analiza la necesidad de superar las narrativas basadas en el miedo al envejecimiento y abordar las brechas estructurales de la atención a los mayores. Comas Herrera argumenta sobre las razones psicológicas y económicas de la falta de inversión histórica en estos sistemas:
"En economía hablamos de la "miopía" que hace que no queramos pensar en las necesidades que tendrá nuestro "yo futuro" cuando seamos mayores (y menos aún en la posibilidad de necesitar que otras personas nos cuiden) y que prioricemos el consumo durante la juventud y la edad laboral".
La experta señala que la crisis sanitaria aceleró la urgencia de reestructurar las redes asistenciales. "La pandemia del covid-19 visibilizó la realidad de los sistemas de cuidados de larga duración, mostrándonos con dureza las consecuencias de décadas de falta de inversión y de atención política para resolver sus problemas estructurales, y dejó al descubierto fragilidades que los usuarios y expertos conocían desde hacía tiempo", asegura.
Todavía quedan mejoras pendientes
Respecto a los avances legislativos en España, Comas Herrera valora los últimos pasos dados, aunque recuerda los asuntos pendientes. “Esta reforma es un paso muy importante y nos acerca al siguiente paso necesario para el sistema español de cuidados de larga duración: abordar la financiación a largo plazo, la gobernanza del sistema y, sobre todo, aclarar el nivel de participación económica de los usuarios a través del copago".
Además, aboga por transformar la percepción social sobre el gasto en dependencia. “Si queremos ser un poco radicales, incluso podríamos calificar el valor de la actividad económica de los cuidados como una contribución al PIB y no como gasto”.
Como conclusión, los autores del informe de Fedea señalan que, una vez encauzados los problemas más graves de volumen y plazos de acceso, los principales desafíos del SAAD pasan por consolidar la equidad territorial, profundizar en la atención comunitaria integrada con los servicios sanitarios y mejorar la retribución y formación de sus trabajadores.