La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) afronta un proceso abierto en el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades administrativas en la justificación de subvenciones para cursos de actualización médica continua concedidos en el año 2015, tal y como ha avanzado el diario ABC. El conflicto, que ha provocado un choque institucional con el Ministerio de Sanidad, ha obligado a la actual directora, Beatriz Domínguez-Gil, y a su predecesor, Rafael Matesanz, a depositar una fianza cautelar de 210.000 euros. Frente a la alarma generada, fuentes oficiales de la ONT aseguran a Redacción Médica que "no se ha producido ningún menoscabo de fondos públicos" y reivindican que las actividades se realizaron y sirvieron para formar a más de 350 profesionales sanitarios. Además, señalan que ambos tienen asistencia jurídica privada.
El origen del litigio se remonta a una auditoría de 2018 que detectó deficiencias en la justificación de gastos por parte de algunos beneficiarios de los cursos, avanza ABC. Dicho examen cuestionaba dietas que superaban los baremos oficiales y el pago de actividades lúdicas ajenas a la ciencia, las cuales la ONT ya justificó argumentando que se abonaron con patrocinios privados y no con dinero público.
La clave del proceso radica en dirimir de quién era la competencia para exigir la subsanación de estas facturas. La dirección de la ONT insiste en que, hasta el año 2020, la gestión económica y la concesión de las subvenciones correspondían exclusivamente al Ministerio de Sanidad, y no a la propia Organización. Este debate competencial sobre la inacción administrativa será el eje que resolverá el Tribunal de Cuentas. "El procedimiento está en curso y se dirimirá en los próximos meses en el Tribunal de Cuentas", señala a Redacción Médica la ONT.
Por su parte, Sanidad explica a Redacción Médica que el "procedimiento continúa abierto y el Ministerio considera que debe actuar con la máxima prudencia". Por ello, no va a realizar valoraciones sobre las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados. "Cuando el Tribunal de Cuentas ofreció al Ministerio la posibilidad de aportar información, Sanidad remitió el expediente completo de la subvención y facilitó todo lo posible para que el Tribunal pudiera actuar", añade el organismo liderado, en la actualidad, por Mónica García.
"Los hechos investigados se remontan al periodo del Gobierno de Mariano Rajoy y a los años posteriores. Tras el cambio de Gobierno se introdujeron modificaciones en la gestión de las subvenciones para prevenir que puedan repetirse situaciones de este tipo", detalla, advirtiendo que el ministerio "comparece en el procedimiento como perjudicado".
"Las actuaciones no se dirigen contra la ONT como institución, sino contra personas concretas que ocupaban determinados cargos en aquel momento. En todo caso, los hechos investigados no suponen ningún tipo de lucro por parte de las personas implicadas", destaca.
Más de 350 profesionales sanitarios formados por la ONT
Para tranquilidad de los coordinadores de trasplantes y los médicos que asisten regularmente a estas actualizaciones formativas, la ONT ha confirmado un giro radical en su operativa: desde 2020 asume la gestión íntegra de estas ayudas. A raíz de este cambio normativo, la institución subraya que se han modificado todos los procedimientos, adaptándolos de forma estricta a las exigencias determinadas por la Intervención, lo que blinda la viabilidad de la formación actual.
"Para la ONT es importante incidir en que las actividades se realizaron y se formaron a más de 350 profesionales", traslada la organización a este periódico.
Mientras avanza el procedimiento, el desgaste patrimonial recae directamente sobre la cúpula directiva. Domínguez-Gil y Matesanz han tenido que afrontar el depósito preventivo —que suma los 180.000 euros de la ayuda más 30.000 de intereses— de su propio bolsillo. Además, la ONT ha confirmado que ninguno de los dos implicados cuenta con asistencia legal por parte del Estado, viéndose obligados a costear su defensa mediante asistencia jurídica privada.
Sobre la asistencia jurídica de las personas afectadas y sobre posibles revisiones de otras convocatorias, el Ministerio no ha trasladado una valoración en las respuestas facilitadas hasta ahora.
La resolución final determinará a quién correspondía tramitar unos expedientes de reintegro que caducaron en plena pandemia.