El Defensor del Pueblo ha cerrado este 13 de octubre la queja impulsada por el Colegio de Médicos de Ceuta respecto a la gestión sanitaria de la crisis migratoria del pasado verano. Tras inspeccionar las instalaciones locales, la institución avala el dispositivo del INGESA, que asumió más de 13.000 asistencias a migrantes sin necesidad de suspender la atención médica rutinaria de los ciudadanos ceutíes.
La resolución definitiva llega tras las visitas de los equipos técnicos y del propio Ángel Gabilondo a las urgencias y a los centros de Atención Primaria. El expediente concluye sin reproches procedimentales hacia la administración. La oficina del Defensor respalda el refuerzo de la plantilla con más de cien profesionales y la organización de circuitos asistenciales diferenciados. La dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) detalla que la red de salud local logró controlar el riesgo de enfermedades transmisibles y sostuvo con éxito los programas de vacunación durante las semanas de mayor presión fronteriza.
Capacidad asistencial intacta
Más de 70.000 personas cruzaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio. Para absorber este impacto repentino, la administración activó su Plan de Catástrofes Externas y redistribuyó la demanda sobrevenida entre varios dispositivos médicos. El INGESA recuerda que la ocupación del Hospital Universitario se mantuvo en todo momento en torno al 50 % de su límite total. Este margen operativo permitió que el sistema funcionara con normalidad para la población residente, garantizando todas las consultas y las intervenciones quirúrgicas previstas en agenda.
Choque sindical
El dictamen institucional choca frontalmente con la postura de las organizaciones corporativas locales. El Sindicato Médico de Ceuta cuestionó públicamente el cierre del expediente mediante la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Ante estos ataques, el INGESA lamenta la difusión de un relato catastrofista que omite las cifras oficiales de asistencia. La entidad argumenta que estas descalificaciones responden a intereses particulares y menosprecian el esfuerzo organizativo del personal sanitario durante una situación humanitaria excepcional.
El sistema público de salud da por zanjada la vía administrativa de esta polémica. La dirección sanitaria mantendrá la operatividad de sus protocolos actuales y evaluará cualquier propuesta de mejora futura basándose exclusivamente en los datos de ocupación y rendimiento asistencial registrados.